Procuraduría advierte a la Alcaldía que suspenda la contratación del PAE en Cali; esto respondió la Secretaría de Educación

Acudiendo a su papel de anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública le sugirió en las últimas horas a la Alcaldía de Cali suspender la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

De acuerdo con el oficio conocido por El País, con fecha del jueves 8 de mayo, en los documentos del proceso “se advierten deficiencias en la estructuración de este, en específico, no se establecen factores de ponderación obligatorios originados en la norma, lo cual deviene en el incumplimiento de esta y, asimismo, podría configurar una vulneración al principio de selección objetiva”.

La Procuraduría se refiere en específico a la Ley 2046 de 2020, que obliga a “adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos”.

El proceso fue asumido de oficio por la Procuraduría, solo horas después de que la Unión temporal Nutrivida, uno de los operadores que participó en este proceso licitatorio, por las presuntas irregularidades que habrían favorecido a los oferentes que desde hace varios años vienen prestando ese servicio en cuatro zonas de la ciudad.

De acuerdo con Beimar Borja, representante legal del equipo oferente, en el proceso licitatorio por más de $97.000 millones no se establecieron condiciones de ley para la asignación de puntajes y no fueron atendidas las observaciones formuladas, antes del cierre del proceso, ya que dieron respuestas gaseosas y continuaron con el mismo.

“Inicialmente, nos dan 70 puntos y solo dos horas después, en la evaluación definitiva nos dan 46 puntos, argumentando errores aritméticos, cosas que no entendemos por qué todos teníamos el mismo valor de la oferta económica y no nos asignaron esos puntajes, ni siquiera nos dieron la oportunidad de llegar a los criterios de desempate”, señaló el denunciante.

Agregó que: “Hubo fraude y una ilegalidad por parte de la Secretaría de Educación, cuando habiéndolos puesto en conocimiento que hay que establecer los puntajes que son de ley, como son seis puntos la cuota parafiscal y seis puntos para proveedores directos, no lo hacen y continúan con el proceso, dando respuestas evasivas para no hacer las modificaciones que contemplan, porque si ellos incluyen esos puntajes, no va a haber empate, el fraude está en establecer unas condiciones para que haya empate, que los mismos tengan siempre los 100 puntos, se vayan a los criterios de desempate y cada uno queda con su zona”, explicó Beimar Borja.

Tras advertir que también habría “deficiencias en los documentos previos, toda vez que no se evidencia la inclusión de las zonas geográficas para la compra pública local de alimentos a pequeños productores agropecuarios”.

Los contratos fueron adjudicados por la secretaría de Educación de Cali a los operadores Unión Temporal Compromiso con la Infancia, Consorcio Alimentando a Cali 2025, Unión Temporal Nutriendo Cali 2025 y Fundación Acción por Colombia. Ellos tendrán el encargo de suministrar alimentación escolar a 134 mil 600 niños de instituciones públicas de la ciudad, entre el 16 de mayo y el 30 de noviembre próximo.

¿Qué respondió la Secretaría de Educación?

Ante esta observación, la Secretaría de Educación de Cali, Sara Rodas, en diálogo con El País, defendió la legalidad y transparencia del proceso.

La titular de la cartera, aseguró que toda la trazabilidad del proceso licitatorio está publicada en la plataforma SECOP II, donde se detalla cómo se realizó la audiencia pública, los criterios aplicados y los proponentes seleccionados.

“La adjudicación se hizo de manera pública, con cinco oferentes, de los cuales cuatro fueron seleccionados. El proceso cumple con toda la normativa, y se rige bajo la Resolución 335, que prioriza el derecho fundamental de los niños a la alimentación y la permanencia en la escuela”, explicó Rodas.

La funcionaria expuso que se presentaron cinco proponentes y se adjudicó el contrato a cuatro de ellos, y uno el que no quedó en el proceso, ya que no cumplía con los requisitos.

“A todos se les dieron las mismas garantías, todo se calificó con base en los mismos pliegos, y la trazabilidad se puede evidenciar”, declaró.

En cuanto a la observación sobre la aplicación del Decreto 248, Rodas precisó que este no es aplicable en este caso, ya que el PAE no es solo un contrato de suministro de productos agropecuarios, sino una estrategia integral de permanencia escolar.

Además, aclaró que el proceso no se rige por el Decreto 248, como señala la Procuraduría, dado que dicho decreto aplica exclusivamente a contratos de suministro de productos agropecuarios. El PAE, por su carácter integral —que incluye seguimiento nutricional, capacitaciones y control de calidad en la preparación de alimentos— se enmarca dentro de la Resolución 335.

“El Decreto 248 se refiere a los contratos que tienen por objeto el suministro de productos agropecuarios, entonces el PAE se rige bajo la Resolución 335. Esta resolución lo que nos permite es la protección de los derechos fundamentales de los niños”, enfatizó.