Congresistas y empresas de servicios públicos se unen a la CVC en su denuncia contra proyecto que atentaría contra su patrimonio

Congresistas y empresas de servicios públicos expresaron su rechazo ante el proyecto que busca que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del país no sean accionistas de empresas prestadoras de servicios públicos; obligando a que, en el caso del Valle del Cauca, la CVC tenga que ceder sus acciones en empresas privadas a la Gobernación y las alcaldías.

Este lunes 23 de septiembre se realizó una audiencia pública por la defensa del patrimonio de la CVC, convocada por los representantes a la Cámara Christian Garcés, Víctor Salcedo, Gildardo Silva y Hernando González en el auditorio de la Cámara de Comercio de Cali, donde se pronunciaron en contra de la ley 235 de 2023 que, además del cese de acciones ambientales, las inversiones, el bienestar y un 70% de la nómina de la entidad también estarían en entredicho con esa iniciativa.

“Dado que se aprobó en primer debate este proyecto de ley sin discusión pública, decidimos aprobar en la Plenaria de la Cámara una proposición para realizar esta audiencia y que el Valle pudiera expresarse, entidades públicas y privadas y las fuerzas vivas, para defender el patrimonio de nuestra CVC, que es la entidad que tiene más resultados que mostrar en medio ambiente y biodiversidad, ahora precisamente que tenemos la COP 16″, le dijo el representante Garcés a El País.

Según explicó, la CVCS está amenazada de perder un patrimonio de 1.4 billones de pesos, lo cual la dejaría sin poder hacer buena parte de la inversión social que realiza cada año y el pago de su funcionamiento, es decir, colaboradores y empleados que prestan el servicio al Valle del Cauca como autoridad ambiental.

De ser aprobado el proyecto, “la CVC deberá entregar sus acciones en Celsia a Alcaldías y a la Gobernación y, con el tiempo, estas acciones terminarán vendiéndose como se ha hecho en el pasado y se perderían cerca de 40.000 millones de pesos anuales que la entidad invierte gracias a la rentabilidad que este patrimonio tiene en empresas privadas. Dentro de los proyectos que se afectarían sería el control que se hace al cuidado del medio ambiente, la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar que los vertimientos lleguen a nuestros ríos, todo lo que se hace por proteger nuestra fauna y flora y la biodiversidad del departamento, que son sus objetivos misionales”.

A su vez, Ricardo Sierra, líder de Celsia indicó que la de la CVC es “una alianza público privada supremamente exitosa que suman el 34 %, o sea, es un ente verdaderamente que protege los intereses regionales. Nos causa muchísima preocupación que con este proyecto se pueda vulnerar ese patrimonio regional que hoy está en cabeza de la CVC”.

“Nosotros somos una entidad que está en toda la cadena eléctrica, desde generación hasta transmisión y distribución. Estamos en 11 departamentos, 13 autoridades ambientales, de esos temas tenemos cerca de 48 instrumentos ambientales, de los cuales solo 13 están en cabeza de la CVC y de esos 13 básicamente más de la mitad son granjas solares y los otros son pequeñas centrales hidroeléctricas que están construidas hace muchos años y en las cuales no hay ninguna controversia ambiental y son líneas y subestaciones”.