GREENPEACE
Justicia alemana rechaza demanda de Greenpeace contra Volkswagen
El fallo dice que la marca “respeta la normatividad aplicable”. Volkswagen manifestó que la demanda carecía de fundamento. Greenpace anunció nuevos recursos jurídicos.
La justicia alemana rechazó la demanda presentada por defensores del medio ambiente que querían obligar al grupo Volkswagen a dejar de vender coches con motores de combustión desde 2030.
El fallo del tribunal de Brunswick (Baja Sajonia) indicó que Volkswagen "respeta la normativa aplicable", aclarando que las obligaciones de las empresas no pueden ser superiores a las que establece la ley.
Los demandantes, dos miembros de Greenpeace Alemania y la activista del clima Clara Meyer, querían obligar al segundo mayor fabricante mundial de automóviles a reducir sus emisiones en 2030 en 65%, en comparación con 2018.
La demanda se había basado en el veredicto del tribunal constitucional alemán en abril de 2021, que consideró insuficientes los planes del gobierno para reducir las emisiones de CO2.
Posteriormente, el gobierno de la excanciller Angela Merkel tuvo que avanzar a 2045 su objetivo de neutralidad de carbono, frente a 2050, inicialmente, y elevar el objetivo de reducción de emisiones hasta 2030.
Greenpeace sostuvo que la misma obligación pesa sobre las empresas privadas, pero el tribunal sostuvo que "las obligaciones de una empresa privada no van más allá del deber de protección del Estado, que se deriva directamente de los derechos fundamentales".
Volkswagen acogió con satisfacción la decisión, que reitera la jurisprudencia en la materia. "El enjuiciamiento de empresas específicas por motivos climáticos no es la forma correcta de proceder y carece de fundamento jurídico", declaró en un comunicado.
Según los objetivos formulados el año pasado, el grupo afirmaba querer vender 50% de vehículos eléctricos de aquí a 2030 y “casi el 100%" en 2040 en sus principales mercados.
Pese al fallo de la justicia, Roland Hipp, responsable de Greenpeace, declaró que “No hemos dicho nuestra última palabra", indicando que la organización preveía "otros recursos jurídicos".