Procuraduría sanciona a Luz Dary Roa, exalcaldesa de El Cerrito, por nombramiento irregular

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años a Luz Dary Roa Prado, exalcaldesa de El Cerrito, Valle del Cauca (2020-2023), por irregularidades en el nombramiento de Karolina Salazar Vera como gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Rafael de ese municipio.

Según informó el ente de control, la exmandataria incurrió en una falta gravísima al designar a Salazar Vera en el cargo sin tener en cuenta que se encontraba inhabilitada, ya que en ese momento se desempeñaba como secretaria de Salud de la localidad y, de acuerdo con la ley, la médica tenía que haber estado apartada de ese cargo con al menos doce meses de anterioridad. Asimismo, Roa tenía la obligación de verificar que la persona a la que iba a encargar no estuviera inhabilitada.

La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali señaló que, a pesar de tratarse de un nombramiento temporal, la exalcaldesa “habría pasado por alto la existencia de una causal de tipo legal que no le permitía a la médico ejercer como representante legal del centro hospitalario por ser la Secretaria de Salud del Municipio”.

Además, indicó que Roa vulneró “el principio de moralidad administrativa, al firmar el nombramiento y posesionar en el cargo a quien además era su subalterna”, por lo que calificó la presunta “falta cometida como gravísima cometida a título de culpa gravísima”.

Por otro lado, la Procuraduría archivó la investigación contra Karolina Salazar Vera, argumentando que aceptó el cargo “bajo el principio de buena fe y con plena confianza en el acto administrativo expedido por la entonces alcaldesa, dando prioridad al interés superior de garantizar la continuidad del servicio público de salud general en una coyuntura afectada todavía por el covid-19″.

Asimismo, en el comunicado se reconoció que durante el tiempo que ocupó el cargo no tomó decisiones administrativas ni ejecutó acciones que afectaran el acceso a los servicios de salud o el patrimonio del hospital.

“La servidora señaló que la ausencia de una figura administrativa en la gerencia pudo provocar un vacío institucional que pusiera en riesgo el derecho a la salud y se comprobó que no asumió en lo que duró el encargo decisiones administrativas ni se ejecutaron actos que comprometieran el acceso al centro médico, el patrimonio del hospital o los recursos que le fueron asignados”, concluyó el documento.