Fuerte denuncia de crisis humanitaria en Buenaventura relacionada con los homicidios en la zona rural

Sin duda, Buenaventura es uno de los puertos más importantes de Colombia, no obstante, la situación de seguridad es preocupante.

O por lo menos así lo denuncian líderes sociales, quienes señalan que cuando hay una tragedia, aparte de llorar a sus muertos, deben encargarse de los levantamientos y demás procesos que deberían ser realizados por las autoridades pertinentes.

De esta manera, adviertes que, según han conocido, las autoridades no entran a realizar levantamientos, ni peritajes judiciales debido a la “falta de garantías”, por lo que les ha tocado tomarse el trabajo, incluso, de sacar cuerpos de los ríos que llevan días flotando.

Fresnel Bonilla, director de la Fundación Étnica y Cultural en Defensa de los Derechos Humanos, señaló que tan solo hace un par de días, la comunidad tuvo que realizar el levantamiento del cadáver de un joven que fue asesinado.

Sobre la situación de salubridad, Fresnel se refirió a que, en algunas ocasiones, los cuerpos pueden durar flotando hasta tres días.

Además, se refirió al caso de una madre que tiene su hijo desaparecido desde febrero, pero que hasta el momento no ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía.

Esta denuncia se suma al pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sobre los confinamientos que viven más de 4000 personas en el Bajo Calima, en Buenaventura, por el recrudecimiento del conflicto armado.

Según explicó la funcionaria, durante dos días junto con el Acnur y una representante de la Sala Especial de Seguimiento a Desplazados de la Corte Constitucional, “evidenciamos el grave deterioro de la situación humanitaria de los derechos humanos que enfrentan las comunidades del Bajo Calima, en el Distrito de Buenaventura”.

Además, aseguró que la persistente presencia y disputa violenta entre el ELN y el Clan del Golfo, quien actúa en alianza con el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, ha generado una alarmante crisis que ha afectado la vida, integridad y dignidad de más de 4000 personas.

Los afectados, en su mayoría, son pertenecientes al Consejo Comunitario de Bajo Calima y al pueblo Wounaan del resguardo Santa Rosa de Guayacán.

“Estas comunidades se habían retornado en diciembre de 2023 y junio de 2024, después de haber estado desplazadas prolongadamente en el coliseo y albergues en el casco urbano de Buenaventura y en Cali”, concluyó la defensora Marín.