Ministra de Ambiente respondió a las principales críticas del acuerdo de Escazú

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió una vez más la ratificación del Acuerdo de Escazú, proceso en el que el Congreso de la República dio un nuevo paso adelante este miércoles tras aprobarlo en el tercero de los cuatro debates necesarios.

Entre las preocupaciones de quienes se oponen al Acuerdo, señalan que Colombia tiene una normatividad avanzada desde la Constitución en reconocer el derecho de la participación en las decisiones del Estado, a través de instrumentos como el derecho de petición.

En respuesta, la Ministra planteó varios interrogantes: “¿por qué si esto es así, Colombia hoy es uno de los países del mundo con más asesinatos de defensores ambientales, si los que han estado en los territorios es buscando información que les permita participar en el debate público?”, dijo.

Añadió: “¿por qué a pesar de que tenemos todo eso, hoy las mismas autoridades ambientales no son transparentes en la toma de decisiones?”.

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En ese sentido, afirmó que Escazú representa la responsabilidad de Colombia de alinearse a los estándares internacionales para el acceso a la información ambiental. En total, 13 países de la región lo han ratificado, entre estos Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Panamá y Uruguay.

“El desarrollo que se hace en concertación con la comunidad, el desarrollo no hace con imposición”, dijo Muhamad.

Una segunda preocupación de los sectores de oposición están relacionados con supuestos riesgos a la inversión privada debido al poder que Escazú le otorga a las comunidades en procesos de toma de decisiones ambientales.

“Escazú no va en contra de la inversión, va a favor de la inversión, ¿nosotros queremos que aquí lleguen empresas mediocres, las que no quieren cumplir estándares, las que pueden pasar por encima del ambiente y las comunidades?, o ¿queremos que este país llegue las empresas que les cueste en su reputación porque tienen compromisos públicos en estándares ambientales?”, cuestionó.

En materia política, Muhamad aseguró que el tratado internacional busca balancear el poder en la toma de decisiones ambientales, pues el desbalance ha estado a favor del sector privado, dijo.

“El sector ambiental, en muchos casos, ha sido un notario de los sectores productivos para viabilizar actividades, que a pesar que pueden ir en contra de la salud pública, de los territorios y del bienestar colectivo, se hace o se hace”, afirmó.

El proyecto ahora se votará en plenaria, luego de que transcurran ocho días calendario; después se hará la conciliación del texto entre los dos proyectos de ley (Senado y Cámara), antes de pasar a sanción presidencial.