La respuesta del Gobierno ante demanda por ‘decretazo’ de la consulta popular

La firma del decreto presidencial que convoca a una consulta popular sobre puntos clave de la reforma laboral encendió nuevamente las tensiones en el panorama político colombiano.

Aunque la medida fue anunciada como un recurso para avanzar en la agenda social del Gobierno, sectores opositores la consideran un desacato a la voluntad del Senado de la República.

Apenas unas horas después de la firma del documento, varios congresistas anunciaron acciones legales en contra del decreto, argumentando que el Gobierno habría ignorado la votación legislativa que había hundido dicha propuesta de consulta. Sin embargo, desde el Ejecutivo la postura es otra.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la decisión se tomó conforme a la normativa vigente. “Ahí están las Cortes, las Cortes resuelven”, dijo, enfatizando que será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra sobre la legalidad de la medida adoptada por el presidente Gustavo Petro.

Según Sanguino, la consulta popular decretada no solo se ajusta a la ley, sino que cuenta con un importante respaldo social, como se evidenció en recientes manifestaciones de apoyo, especialmente en ciudades como Cali. “El caleñazo fue un éxito”, añadió el funcionario, aludiendo a la movilización ciudadana en respaldo de las reformas.

Mientras tanto, en el Congreso, el ambiente no es menos agitado. La plenaria del Senado aprobó la ponencia mayoritaria que reactiva el debate del articulado de la reforma laboral. La discusión se da paralelamente al decreto presidencial, lo que ha generado dudas sobre el rumbo que tomarán las reformas propuestas.

El senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, aclaró que el nuevo texto conserva el espíritu de la iniciativa original, recoge 69 de los 81 artículos previamente aprobados en la Cámara. A pesar de la supresión de ciertos artículos y la inclusión de otros nuevos, los ponentes aseguran que no hay una ruptura con la propuesta inicial del Gobierno.

En su intervención durante la sesión, el ministro Sanguino reiteró el interés del Ejecutivo en agotar todas las vías del trámite legislativo. Señaló que la presencia del Gobierno en el Congreso es una muestra del compromiso con el debate democrático.

Sanguino también hizo un llamado a los congresistas cercanos al Gobierno para que respalden los artículos más sensibles de la reforma, a los que calificó como el “alma” de la propuesta.

Según el Gobierno, la consulta popular no es una herramienta de presión, sino una medida ante un eventual “estancamiento político”. En palabras del Ministro del Trabajo, la consulta actúa como “el seguro de vida” de las reformas sociales.

Con 67 votos a favor y 25 en contra, la plenaria del Senado dio vía libre al inicio de la discusión del articulado de la reforma.

Por ahora, el decreto presidencial continúa en firme, mientras se espera la respuesta de los tribunales constitucionales ante las demandas interpuestas.