Flip cuestiona a miembros de la Comisión de Acusaciones por pedirle a Semana que revele sus fuentes

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes les exija a los medios de comunicación que revelen sus fuentes de información, como sucedió con la Revista Semana, la cual, según denunció, fue conminada por el congresista Alirio Uribe para que diga quién le suministró los polémicos audios entre Armando Benedetti y Laura Sarabia.

“El 6 de diciembre, la Comisión le ordenó al CTI de la Fiscalía recolectar “todas las notas de prensa que existan sobre la presunta financiación ilegal” de la campaña presidencial de Gustavo Petro, recordó el gremio periodístico y agregó que “también le ordenó a @RevistaSemana que aportara información que justifique sus publicaciones sobre el mismo tema”.

A través de un hilo en la red social X igualmente indicó que: “Luego, el 11 de diciembre, la Comisión aclaró que no pretendía que se revelaran las fuentes sino conocer el motivo de las publicaciones y cómo obtuvieron los audios. A pesar de la precisión, el documento desconoce la reserva de la fuente e interfiere en el quehacer periodístico”.

Añadió que “al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, ha resaltado ‘que la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que laboran en ellos, el derecho de investigar y difundir por esa vía hechos de interés público”.

De igual forma, la Flip precisó que las peticiones de la Comisión de Acusaciones de la Cámara “se dieron ante la denuncia en contra del presidente Petro por presuntos delitos electorales, luego de conocerse los llamados ‘petrovideos’ y recordó que, según Uribe, coordinador de los representantes investigadores, este año se han acumulado más de diez denuncias derivadas de las publicaciones.

“Es importante aclarar que la investigación de la Comisión no abarca el cumplimiento de los deberes de imparcialidad y veracidad que tienen los medios, sino que está limitada a la indagación de la presunta ejecución de hechos delictivos”, dijo la fundación.

Y argumentó que “estas órdenes pueden entenderse como una herramienta de censura indirecta. Los periodistas podrían dejar de publicar investigaciones relevantes para la ciudadanía si no tienen certeza de que la información investigada será protegida mediante el anonimato”.

Por ello, invitó a los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que, “en el marco de su investigación, se abstenga de emitir órdenes que vulneren la garantía de la fuente y sean inconstitucionales. Así mismo, puede acudir a las autoridades estatales para adelantar su investigación sin violar la libertad de prensa”.

“La publicación del contenido periodístico relacionado con asuntos de interés público es clave para el proceso democrático, por lo que la prensa tiene el derecho a divulgar esta información sin que las y los funcionarios públicos interfieran en su labor”, puntualizó el gremio de periodistas.