¿Cuáles son las mayores dudas con respecto a lo que se ha aprobado de la reforma a la salud?

Por Redacción de Colprensa

La reforma a la salud se encuentra a solo doce artículos de ser aprobada en la Cámara de Representantes, pese a las críticas que ha suscitado a lo largo del año y a las polémicas que surgieron alrededor de las plenarias de la semana pasada.

Incluso así, se espera que para hoy, cuando nuevamente está citada la corporación para seguir discutiendo esa iniciativa, el Gobierno Nacional tenga los apoyos garantizados para lograr el aval a lo que resta del articulado y quedar a la espera del debate que se deberá realizar el próximo año en el Senado de la República.

Es por eso que, en un contexto de inminente crisis financiera y desconfianza sectorial, surgen preguntas cruciales sobre la configuración que adoptará el nuevo sistema de salud en el país, en caso de que la reforma impulsada por el Ejecutivo sea ratificada en la Cámara alta.

En particular, los interrogantes giran en torno a la estructura que tendría el modelo y al papel de las Empresas Promotoras de Salud, EPS; la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, y los Centros de Atención Primaria en Salud, Caps, que se crearían.

“La reforma no es nada clara sobre cómo se configura el sistema de salud”, asegura Paul Rodríguez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.

Experto en economía de la salud, el académico explica que en el nuevo modelo los Caps serían el centro financiero que recibe y distribuye el dinero, una operación de alguna manera similar a la Unidad de Pago por Capitación, UPC.

Agrega que la falta de claridad sobre el papel de las Gestoras de Vida, las entidades que reemplazarían a las ESP, su relación con los Caps y la posibilidad de que estas sean propietarias o administradoras de esos centros crea incertidumbre.

“Entonces tenemos los Caps como el centro de la atención donde las personas tienen que ir, es decir, si el sitio es malo, pésimo, o regular, pues me toca ir porque es donde estoy inscrito y no puedo elegir”, menciona Rodríguez.

“Allá adentro, ese sitio cuenta con el dinero, porque en teoría es el que recibe el dinero, como si fuera la UPC y también compra los servicios, con un tarifario como vemos hoy en día con el Soat, pues el tarifario puede quedar mal, puede quedar bien, puede ser muy generoso o nada generoso”, anota.

En el nuevo modelo, de acuerdo con lo aprobado hasta ahora en la Cámara, las Gestoras de Vida o el Caps se encargaría de pagar los servicios a los prestadores según los tarifarios, y la factura resultante la abona la Adres.

“En este nuevo sistema yo no voy a saber a quién voy, a quién tengo que demandar, es muy poco claro”, puntualiza el profesor Rodríguez y añade el riesgo de un colapso financiero, debido a la falta de auditoría exhaustiva.

Sin responsable financiero

“El problema más serio, desde el punto de vista económico, es que no hay un responsable financiero. Ya dijimos que la Adres paga lo que alguien más ordena, ¿pero quién es el que gestiona realmente y quién es el que audita? Nada claro; nos han dicho en parte que se va a auditar un porcentaje, hoy en día se audita el ciento por ciento”, argumenta.

Adicionalmente, el docente desconfía de los “supuestos heroicos” en las proyecciones de gastos, indicando que no hay razón para creer que el gasto pueda disminuir, teniendo en cuenta la perspectiva actual de un riesgo financiero elevado.

Por su parte, Jorge Martín Rodríguez, profesor del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, plantea que “el sistema de salud, con la reforma, va a cambiar esencialmente, porque nosotros tenemos en este momento un diseño institucional con la Ley 100, que creó unos intermediarios”.

De acuerdo con él, la iniciativa del Gobierno Nacional busca transformar las EPS, eliminando su papel como intermediarias de recursos para crear una red de prestadores.

En efecto, actualmente estas entidades manejan procesos de afiliación, registro y aseguramiento parcial, pero “el papel” de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación “no lo hacen, a pesar de que tienen el recurso”, critica el catedrático.

En un punto intermedio entre estos dos analistas se ubica Enrique Peñaloza Quintero, docente titular de la Universidad Javeriana, al pedir que los usuarios del sistema entiendan que la aparición de los Caps y el nuevo papel de las EPS modificará el panorama actual de la atención en salud.

“Creo que es importante tratar de entender que la responsabilidad va a caer mucho más en los Caps que en las Gestoras de Vida”, afirma, resaltando la necesidad de una comprensión clara por parte de los pacientes sobre la transferencia de responsabilidades.

Peñaloza señala que este cambio podría generar discusiones sobre las libertades de elección de las personas y destaca la importancia de entender las implicaciones de esas modificaciones.

Según su análisis, la propuesta sugiere un cambio en la afiliación de las instituciones de salud, desplazando la responsabilidad hacia los Caps. No obstante, cuestiona si la Adres tendrá el músculo suficiente para asumir el rol que le impondría la reforma, de ser aprobada como la ha propuesto el Gobierno Nacional.

“Creo que auditar cuentas no es lo mismo que ejercer una función importante de los sistemas de salud, que es la compra y, sobre todo, la compra inteligente de servicios. Yo creo que ahí nos faltaría mucho, porque no vamos a poder o no creería que un organismo como la Adres sea capaz de hacer compras inteligentes en términos de que responda a las especificidades propias de los diferentes territorios”, afirma Enrique Peñaloza.

Sobre la Adres

Para algunos analistas, aunque se dice que el papel de la Adres no cambiará significativamente, la falta de claridad en varios aspectos del proceso presenta riesgos para el funcionamiento del sistema.

Según su percepción, el problema principal radica en la distribución y control del gasto. Si las Gestoras de Vida no ejercen un control efectivo sobre los Caps y estos son responsables de ordenar el gasto, existe el riesgo de que el dinero se distribuya en pocas unidades, dejando muy poco presupuesto por paciente.

Lo anterior aumentaría la probabilidad de agotar los fondos asignados a un Cap, especialmente si se trata de una persona con una condición de salud o una enfermedad costosa, por citar un ejemplo.

“¿Quién va a responder en ese caso cuando se acabe el dinero, quién le gira? Es muy poco claro”, advierte el profesor Paul Rodríguez, quien también destacó la falta de competencia y la ausencia de responsabilidad financiera clara en el sistema de salud que la iniciativa del Ejecutivo propone para los colombianos.

En su opinión, la auditoría de cuentas no está definida con precisión, lo que, de aprobarse la reforma, podría llevar a fraudes y malas prácticas.

“El incentivo malo o perverso para que los prestadores hagan una mala gestión financiera y uno que otro quiera aprovecharse del erario público es impresionante”, puntualiza.

Mientras, Martín Rodríguez resalta que la Adres se encargará de la centralización de los recursos, principalmente los provenientes de impuestos y aportes fiscalesy asegura que jugará un papel crucial en la financiación de los equipos de atención primaria, abarcando logística, transporte y dotación de equipos médicos y hospitalarios.

“La idea es que, al ser los recaudadores de estos recursos, van a ser los que hagan los pagos a través de giros directos”, enfatiza el catedrático.

De igual forma destaca que el cambio principal de la iniciativa oficialista radica en el pago posterior del 85 % de los recursos, en lugar del pago mes adelantado, lo cual podría contribuir a una mayor eficiencia.

Sin embargo, al igual que su colega Paul Rodríguez, plantea la necesidad de establecer rigurosos “procesos de monitoreo, supervisión, auditorías para evitar procesos de posible corrupción” y menciona la creación de un fondo para atención de catástrofes, epidemias y eventos inesperados.

Para el profesor Peñaloza, la propuesta de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro plantea un período de transición de dos años para que las EPS asuman su nuevo rol. Sin embargo, expresa su preocupación acerca de la posibilidad de un retiro masivo de estas si el proyecto de ley es aprobado en el Senado y pasa a ser revisado por la Corte Constitucional.

“Eso podría generar una crisis importante en términos del sector, porque no estamos preparados para que el modelo se desarrolle bajo la lógica de ese tema”, argumenta, por lo que sugiere que se mantenga la afiliación con las EPS, asignando la población a los Caps, para fortalecer las acciones de atención primaria en salud.

Este docente coincide en tener reservas sobre la capacidad de los Caps para manejar las llamadas enfermedades raras, señalando la necesidad de contar con equipos especializados y tecnología avanzada para esos casos.