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Corte Suprema llamó a declarar al presidente Petro en proceso contra congresistas por escándalo de la Ungrd
El mandatario deberá remitir una declaración por escrito a la Sala de Instrucción del alto tribunal.
La Corte Suprema llamó a declarar al presidente Gustavo Petro dentro del proceso en contra de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria, salpicados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
La Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó una declaración jurada del primer mandatario en el marco de la investigación que adelanta contra los congresistas Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado, Karen Astrith Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz.
La petición fue presentada por el magistrado Misael Rodríguez, quien ha recibido en diligencia de indagatoria a todos los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público investigados por el presunto delito de cohecho impropio.
El alto tribunal instruyó a través de un oficio que el mandatario responda un cuestionario formulado previamente.
“Por lo anterior, me permito correr traslado a los sujetos procesales, por el término de tres días hábiles, para que presenten el respectivo cuestionario”, señaló el documento oficial firmado por la Secretaría de la Sala Especial de Instrucción.
Una vez los abogados de los procesados formulen sus inquietudes, el cuestionario será enviado al presidente Petro para su respuesta. Esta diligencia busca recolectar información clave sobre los hechos que rodean las posibles irregularidades.
El escándalo en la Ungrd, relacionado con un entramado de corrupción en dicha entidad, ha generado múltiples investigaciones contra funcionarios y legisladores, razón por la cual la Corte destacó la importancia de este testimonio “mediante certificación jurada” para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Cabe recordar que desde el 2 de diciembre y hasta el 11 del mismo mes, rendirán indagatoria en el alto tribunal los congresistas mencionados por su presunta participación en actos de cohecho impropio. Los hechos están relacionados con la aprobación de operaciones de crédito en favor del Ministerio de Hacienda, a cambio de beneficios que se habrían materializado en contratos asignados a través de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres.
Según la Corte, existen indicios de que los parlamentarios habrían aprobado conceptos de crédito público con el compromiso de que proyectos específicos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) se beneficiarían con la asignación de recursos de la Ungrd.
El proceso judicial se basa en un robusto cuerpo de evidencias, que incluye documentos y testimonios que sugieren una posible conexión entre las aprobaciones emitidas por la CICP y las adjudicaciones de contratos.
*Con información de Colprensa.
