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Así operaba el carrusel del Congreso que involucra a seis senadores con un millonario desfalco a Prosperidad Social
La revista Semana reveló detalles del expediente de corrupción conocido como ‘las Marionetas’.
Los senadores Ciro Ramírez (ya en prisión), Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe y Miguel Ángel Barreto, son los protagonistas del más reciente escándalo por supuesta corrupción política en el que se habrían apropiado de un millonario botín del Departamento de Prosperidad Social. También, fue emitida una circular roja en las últimas horas contra el exdirector encargado de esa entidad, Pierre Eugenio García Jacquier.
Según los investigadores, este sería un nuevo episodio del entramado de corrupción de ‘las Marionetas’, nombrado de esa manera por el excongresista liberal Mario Castaño, quien murió en la cárcel La Picota, y que durante años manejó la contratación en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca.
La revista Semana reveló la forma en la que operaba esa red y en la que también habría estado relacionado García Jacquier, quien en 2018 fue nombrado director encargado del DPS, un despacho en el que se manejaron grandes sumas de dinero para, supuestamente, buscar la prosperidad en Colombia, pero en realidad, cada congresista se habrían distribuido la celebración de contratos, principalmente de infraestructura y vivienda social, los cuales, en su mayoría, las obras siguen sin terminarse.
El caso fue descrito esta semana por la fiscal 94 de la Unidad Anticorrupción, en la audiencia de imputación de cargos contra García Jacquier: “Cada senador contó con un subgrupo de operaciones para obtener esos beneficios ilícitos en la contratación estatal”.
Según ella, “no se buscó satisfacer ese bienestar general, lo que se buscó fue satisfacer los intereses particulares de los respectivos senadores de la república”. En ese sentido, solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra García Jacquier, cuyo paradero aún es desconocido.
De acuerdo con su modus operandi, el expediente señala que “el primer grupo de senadores es el de Mario Alberto Castaño, líder de esta organización delincuencial denominada ‘Marionetas’ y formarían parte, al parecer, de esos beneficios recibidos por la gestión de esos recursos de un contrato interadministrativo de 2021 por un valor de 22.000 millones de pesos, en el que se vieron beneficiados Juan Samy Merheg (Partido Conservador), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Juan Felipe Lemos (La U)”.
Asimismo, aparecen Ciro Ramírez del Centro Democrático), Miguel Ángel Barreto del Partido Conservador y Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, quienes, según se detalla, tenían a alguien de confianza en las entidades en las que moverían la contratación.
“No se trata de un tema político, en absoluto, pese a que la concertación tiene un propósito político, porque independientemente de temas de partidos, obsérvese que lo que se reprocha es esa capacidad que tiene una persona como García Jacquier de enlaces y relacionamiento”, dijo la fiscal.
Con la entrega de esos contratos, de acuerdo con la Fiscalía, García Jacquier quería ir aceitando relaciones y constituyendo su maquinaria política para establecer su candidatura a la Gobernación del Tolima en 2023.
El ente investigador indicó tener grabaciones en las que se escucha al exdirector del DPS comprometerse con los congresistas a crear unas “bolsas de recursos” y, para evitar cualquier registro, les prohibió ingresar a su oficina con los teléfonos celulares.
“No hablaban, se comunicaban escribiendo en hojas de cuaderno que inmediatamente botaban”, explicó la Fiscalía.
Para que todo pareciera estuviera bajo un manto de la legalidad, los senadores contactaban a sus aliados para que pusieran la mira en los convenios de su interés y luego se contactaba a los contratistas y empresarios que iban a presentar las propuestas para proyectos como la edificación de plazas de mercado y la realización de vías en placa huella, hasta la construcción de viviendas y carreteras.
“Ciro Alejandro Ramírez Cortés tendría como enlace para la comisión de esas presuntas conductas ilícitas una funcionaria de su UTL, Katherine Rivera Bohórquez, quien también enfrenta un proceso penal. En segundo lugar, Miguel Ángel Barreto, cuyo enlace sería Óscar Humberto Leyton Carrillo, y, finalmente, Carlos Motoa, cuyo enlace era Giancarlos Torino”, anotó la Fiscalía.
