Así fue el giro en la investigación a la campaña de Gustavo Petro por posible violación de topes

Con la reciente decisión de la Corte Constitucional en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, no tiene competencia para investigar al Presidente, se enreda una de las pocas investigaciones que avanzó en el proceso de aclarar las cuentas de la campaña Petro.

La sentencia del alto tribunal no solo sacó al CNE del camino judicial contra el jefe de Estado, sino que trasladó la parte del expediente que corresponde al mandatario al Congreso. Instancia que, según organizaciones como Dejusticia, la Misión de Observación Electoral (MOE) y Transparencia por Colombia, ha demostrado una baja efectividad sancionatoria, pues en más de tres décadas de funcionamiento no ha producido decisiones de fondo contra presidentes en ejercicio.

Se trataba de un expediente sustanciado por el CNE, que ya había formulado cargos por violaciones a los topes de financiación, omisiones en los informes de gastos y aportes de fuentes presuntamente prohibidas.

Aunque ese proceso parecía encaminarse a una sanción formal, la Corte concluyó que el candidato, hoy convertido en jefe de Estado, solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Quedan, eso sí, las investigaciones pendientes contra los demás miembros de su campaña, en especial el gerente, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, pero el proceso contra ellos también ha tenido múltiples obstáculos.

Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas seis líneas de investigación por posibles irregularidades en la financiación de esa campaña, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aunque con dos expedientes acumulados, no ha emitido decisiones de fondo.

A esas indagaciones se suma la actuación de la Procuraduría General de la Nación, que abrió procesos disciplinarios y emitió un concepto técnico en el que concluyó que la campaña violó los topes de gasto y omitió reportes obligatorios en ambas vueltas presidenciales.

El caso

Durante más de un año, el CNE llevó la investigación administrativa más robusta contra la campaña de Gustavo Petro. La indagación se inició luego de una revisión detallada de los informes de ingresos y gastos de la coalición Pacto Histórico, con especial foco en los comités financieros que respaldaron al entonces candidato en las tres etapas electorales: consulta interpartidista, primera y segunda vuelta presidencial.

En octubre de 2024, el CNE formuló cargos por presuntas violaciones al régimen de financiación electoral. La auditoría evidenció que la campaña omitió gastos superiores a los $5300 millones, superó los topes establecidos por ley y recibió aportes de fuentes no autorizadas.

En particular, llamó la atención la participación financiera de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y de la Unión Sindical Obrera (USO), cuyos aportes habrían sido canalizados sin claridad ni trazabilidad a través de partidos de la coalición.

El expediente incluía a Gustavo Petro como candidato; a su gerente de campaña, Ricardo Roa (actual presidente de Ecopetrol); a la tesorera, Lucy Mogollón; a los auditores contables, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. Entre las pruebas figuraban giros bancarios, contratos de publicidad omitidos, facturas por transporte aéreo y eventos de campaña financiados fuera de contabilidad.

La formulación de cargos representaba un paso excepcional, pues desde la elección de Juan Manuel Santos, en 2010, ningún presidente electo había enfrentado una acción formal de esa naturaleza en el CNE. En esa ocasión, se abrió una indagación por presunto exceso en los topes de campaña, pero no incluyó al candidato como sujeto procesal, sino a su gerente, Roberto Prieto, en hechos que derivaron en el escándalo Odebrecht.

Petro, favorecido

El 26 de junio, el alto tribunal publicó su sentencia SU275, en la que resolvió la tutela presentada por el presidente Petro. En ella, el mandatario alegó vulneración de su derecho al debido proceso y pidió que se definiera con claridad qué órgano debía investigarlo por hechos relacionados con su campaña.

La Corte concluyó que el CNE no podía imponerle sanciones, ya que se trataba de una autoridad administrativa y no judicial. Por tanto, revocó la decisión del Consejo de Estado que había resuelto un conflicto de competencias en favor del CNE, y ordenó que el expediente fuera remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por ser la única instancia constitucional con facultades para investigar al presidente por actos cometidos antes de su posesión.

La decisión fue adoptada por mayoría, con salvamento de voto de cuatro magistrados, entre ellos Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses. El fallo estableció, además, que el CNE sí puede seguir investigando a los demás miembros de la campaña —gerente, auditores, partidos—, pero la actuación sobre el mandatario quedó sujeta a la voluntad y dinámica del Congreso.

Pendientes en Fiscalía

Sobre el caso, la Fiscalía lleva seis líneas de investigación abiertas, confirmó la entidad en mayo. Todas están en fase preliminar. La primera indagación se centra en la vicepresidenta Francia Márquez y en la legalidad de los recursos usados para su campaña dentro de la consulta interpartidista. Aunque Márquez no ha sido llamada a declarar, se solicitó información contable al CNE y al partido que avaló su candidatura.

La segunda línea investiga al actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por presuntas gestiones logísticas y gastos omitidos. La tercera indagación es quizá la más mediática: la que surgió a partir de los audios del ministro del Interior, Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela, quien aseguró haber conseguido “$15.000 millones de la Costa” para financiar la campaña.

También investiga los aportes de Fecode y la USO en dos procesos distintos, en los que se analiza si los gremios incurrieron en violación a las normas de financiación política.

La sexta línea de investigación abierta se concentra en Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. Este caso tomó especial relevancia desde marzo de 2023, cuando la Fiscalía confirmó que lo investigaba por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras la denuncia de su exesposa, Daysuris Vásquez, quien aseguró que él había recibido dinero en efectivo de empresarios y exnarcotraficantes de la región Caribe.