Traición en las filas

La reciente revelación de Noticias Caracol sobre la presunta vinculación de altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Dirección Nacional de Inteligencia con las disidencias de las Farc estremeció esta semana a Colombia, pese a los rumores que de tiempo atrás circulaban en diferentes esferas. Que el general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército, y el señor Wilmar Mejía, funcionario de la DNI, aparezcan mencionados en informes de inteligencia como posibles colaboradores de grupos armados ilegales es, por decir lo menos, inaceptable.

No es, sin embargo, la primera vez, en casi 70 años de conflicto interno, que se conoce una situación similar, en la que miembros de la Fuerza Pública aparecen presuntamente trabajando en contra de los intereses de la Nación. La historia reciente está llena de advertencias, escándalos y purgas internas que, lejos de erradicar el problema, parecen repetirse sin que el país se dé cuenta o las autoridades actúen con la contundencia que se espera.

¿Cómo es posible que documentos incautados el 23 de julio de 2024 en un retén a alias Calarcá, en los que se evidenciaría la presunta vinculación de militares con disidencias de las Farc, llevaran año y medio en poder de la Fiscalía General de la Nación sin que nada pasara? ¿Todo hace parte de la permisividad del actual Gobierno con quienes incumplen la ley y traicionan sus principios, todo en aras de una paz total que sigue sin llegar?

La moral de los soldados en terreno es uno de los primeros daños colaterales de estos hechos. Para quienes enfrentan a diario las amenazas de los grupos armados ilegales, enterarse de que sus propios superiores podrían estar filtrando información a los enemigos es una traición profunda. ¿Cómo pedirles disciplina, compromiso y sacrificio, si desde lo más alto del mando habría quienes utilizan su poder para favorecer intereses oscuros?

Igualmente escandaloso es que, según el informe periodístico, a los disidentes se les habrían entregado códigos de frecuencias radiales del Ejército y datos sobre operaciones en curso. Si esto se confirma, Colombia ante una de las violaciones más graves de seguridad militar en los últimos años. Dar acceso a esa información equivale a exponer vidas de soldados y oficiales, comprometer operaciones estratégicas y debilitar la capacidad de respuesta del Estado frente a estructuras criminales.

Otro punto crítico es el antecedente del general Huertas. En 2022, el oficial fue retirado de sus funciones por sospechas de corrupción. Sin embargo, el presente Gobierno decidió reincorporarlo a un cargo de alta relevancia. Son decisiones que a la luz de los recientes hechos resultan cuestionables, a la vez que envían un mensaje equivocado: que los señalamientos, las alertas y los historiales dudosos pueden borrarse por conveniencia política. Restituir a un oficial señalado previamente, sin un proceso transparente que despeje cualquier duda, mina la confianza ciudadana e incrementa el riesgo de que escándalos como el de hoy sigan repitiéndose.

El país necesita, con urgencia, una revisión profunda de las estructuras de inteligencia, contrainteligencia y control disciplinario dentro de las Fuerzas Militares y de la DNI. No basta con investigar este caso particular: se requieren reformas estructurales que cierren los espacios a los infiltrados, que garanticen procesos de selección rigurosos y que fortalezcan los mandos libres de toda sospecha.

De confirmarse la veracidad de lo revelado por Noticias Caracol, el Gobierno de Gustavo Petro y la justicia están llamados a actuar con contundencia, sin titubeos ni cálculos políticos. Colombia no puede ser víctimas una y otra vez de que aquellos que tienen la responsabilidad de defenderla terminen entregándola a sus enemigos. La transparencia, la depuración institucional y la restauración de la confianza ciudadana son urgentes.