Castigo a la corrupción

La condena a 21 años y 7 meses de cárcel en contra del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, proferida ayer por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en un caso por contratación irregular durante su mandato, envía un mensaje contundente a quienes tienen a su cargo el manejo de recursos públicos. Es la lucha contra la corrupción que no puede tener contemplaciones y debe hacer pagar a los que utilizan su posición para apoderarse del erario.

El fallo en primera instancia, al que aún le queda el recurso de apelación, tiene que ver con un convenio de cooperación firmado en el año 2010 entre la Administración Departamental y la fundación Calimío. El objeto del contrato era dotar de libros a 40 bibliotecas escolares en diez municipios del Valle, y su valor se fijó en $1.072 millones.

Según determinó la Corte Suprema de Justicia, se pudo comprobar que la Fundación adquirió los libros con dos organizaciones por un costo total $182 millones, y que hubo un sobrecosto del 500%, es decir por $817 millones de los que se habrían apropiado indebidamente los directivos de esas entidades.

Para la Corte, el exgobernador Juan Carlos Abadía tuvo pleno conocimiento de las irregularidades, por lo cual lo condenó como coautor penalmente responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, agravado por apropiación y agravado por cuantía. Según indicó el magistrado Ariel Torres, encargado de leer la condena, el exmandatario territorial “optó de manera voluntaria por apartarse de las normas constitucionales con el fin de obtener un provecho para terceros”.

Si bien el fallo se da en primera instancia, y ya los abogados de Abadía anunciaron que lo apelarán, la contundente condena de 259,5 meses de prisión, equivalente a 21,7 años sin el beneficio de casa por cárcel, representa una de las sanciones más duras contra un funcionario público por hechos de corrupción. Es además uno de los pocos casos que termina en condena -el 94% no llegan a esa instancia- y no se queda eternamente en los anaqueles de la Justicia, propiciando que reine la impunidad.

Este no es el único proceso que se adelanta contra Juan Carlos Abadía, que entre otros está involucrado en el sonado caso del ‘Cartel de la Toga’. Tampoco él es el único alto exfuncionario de Cali o del Valle investigado por los entes de control y judiciales del Estado por presunta contratación irregular o apropiación indebida de los recursos públicos. Por ello, lo que esperan caleños y vallecaucanos, petición que se repite a lo largo y ancho de Colombia, es que de esas indagaciones se saque la verdad y los responsables sean sancionados como establece la ley.

Quienes llegan al poder con el propósito de lucrarse, de anteponer sus intereses personales por encima de los intereses de la población, de robar el erario o de beneficiarse a costa de dejar desatendidas las necesidades de sus ciudadanos, tienen que recibir el mensaje claro de que quien delinque será castigado. Solo así se podrá acabar con la corrupción en Colombia, ese flagelo que le esquilma a los recursos estatales cerca de 50 billones cada año.