Un reto en seguridad

El fortalecimiento de las bandas delincuenciales en la capital del Valle del Cauca, a través de alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales para garantizar el control de las economías ilegales, obliga también a un replanteamiento de las políticas locales de seguridad.

Si algo ha demostrado históricamente la delincuencia en Cali es su capacidad para reinventarse y está sobrediagnosticado que estas estructuras del crimen no vienen operando como organizaciones aisladas ni lobos solitarios, sino como redes interconectadas mediante intereses comunes como el control de las rutas del narcotráfico, la extorsión, el microtráfico y el sicariato.

Fue así como lo evidenció el informe exclusivo publicado una semana atrás por la Unidad Investigativa de El País, en el que detalla la forma como la banda criminal La Inmaculada, surgida en el municipio de Tuluá y que se ha expandido por el departamento, aterrizó en la capital del Valle del Cauca para pugnar también por el control en el Bulevar del Río.

Una alianza en la que un sector de la banda La Inmaculada estaría de la mano de los hombres de alias Chinga Pipe y de ‘Martín Bala’ haciendo frente a una guerra criminal contra alias Dimax y alias Palustre por el predominio sobre un amplio sector del centro de Cali.

Disputa que estaría impactando fuertemente las cifras de homicidio en la ciudad, que solo entre el 1 de enero y el 15 de marzo de este año ya tenía un acumulado superior a d 200 muertes violentas, algunas de ellas mediante ejecuciones típicas de disputas entre bandas del crimen organizado.

Ante este desafío, es necesario fortalecer y desplegar toda la capacidad del Estado para responder como lo demanda la realidad que está viviendo la ciudad. Una estrategia de seguridad meramente reactiva no contribuye al combate de este fenómeno ni a reducir los índices de criminalidad.

Tampoco puede quedar la ciudad en solitario haciendo frente a un fenómeno que es, en gran medida, el resultado de la política fallida de la ‘paz total’ implementada por el gobierno del presidente Gustavo Petro para llevar a la mesa de diálogos a grupos armados y bandas criminales.

Por el contrario, el aprovechamiento de la ventaja táctica que les otorgó el Gobierno Nacional a estas organizaciones al reducir al mínimo los operativos de la Fuerza Pública, terminó desplazando la violencia desde al campo hacia las grandes ciudades e incentivando la lucha de estas estructuras por el control de las economías criminales.

De ahí que fortalecer la Inteligencia en los organismos de seguridad es un imperativo, como también lo es mejorar la capacidad y la articulación entre la Fiscalía y la Policía para ir tras los jefes de estas organizaciones; nada cambia si quienes se lleva ante la justicia son a quienes representan los eslabones más débiles de la cadena.

Como capital del Pacífico colombiano, Cali la han convertido en un laboratorio de prácticas criminales que luego de demostrar su efectividad se van irrigando por el territorio, y tarde o temprano impactará las demás regiones del país.

Es cierto que la criminalidad tiene la ventaja de actuar de manera sorpresiva, pero el deber y el compromiso de las autoridades es anticiparse a esos movimientos. Entre otras cosas porque la lógica indica que cada centímetro de terreno que gana la delincuencia, es un centímetro de confianza que pierden ante sus ciudadanos.