¿Y el papel de las autoridades?

El reportaje publicado por este diario el pasado miércoles con el título de ‘Megaestafa desde el piso 29’, en el que la Unidad Investigativa revela cómo desde las ciudades de Cali y Armenia opera una compleja estructura de mentiras y fraude telefónico, del que han sido víctimas centenares de personas en América Latina, plantea una realidad inquietante.

Y es la manera como la mezcla de criminalidad y tecnología permite que jovencitos recién graduados del colegio puedan simular ser expertos en finanzas y presentarse como avezados asesores que llaman desde Islas Mauricio y Chipre a incautos inversionistas en México, Uruguay, Chile y Guatemala, entre otros, cuando en realidad están sentados en el piso 29 del edificio Torre de Cali, timando y extrayendo toda su información financiera.

Más inquietante aún, que este entramado criminal venga desde el 2022 destruyendo la vida de cientos de personas ahogadas en deudas, en crisis de nervios y ansiedad afrontando la bancarrota, y las autoridades no tengan claro cómo hacer frente a ese desafío en el que parecen resignados viendo como el cibercrimen les va tomando ventaja.

El gran hallazgo, tras tres meses de trabajo de la Unidad Investigativa de El País, escarbando literalmente entre la basura extraída de los pisos 29 y 35 de Torre de Cali, donde opera el call center y la sede administrativa de quienes operan la plataforma Invesa Capital, es que ahora las víctimas saben que es desde Cali y el norte de Armenia de donde eran contactadas.

Pero mientras esperan una acción decidida de las autoridades en Colombia y los países en los que residen las víctimas, la respuesta que extraoficialmente se ha conocido de funcionarios de la Dijin y la Fiscalía, es que la empresa Gmor IT Solutions SAS, la que contrató y entrenó a los jovencitos para estafar a quienes se han declarado víctimas de Invesa Capital, es una firma legalmente constituida, con registro de Cámara y Comercio, y que no es fácil actuar porque en el país no existen víctimas debido a que les tenían prohibido a sus empleados llamar dentro de Colombia.

Una lógica absurda que desdice de la necesidad de hacer frente desde el lado de la justicia al crimen transnacional con estrategias similares de cooperación entre autoridades y no como islas, buscando cada uno por su lado, y al otro lado del Atlántico, lo que tienen frente a sus narices.

Instrumentalizar a unos jovencitos de entre 18 y 25 años que por sus necesidades económicas no han podido continuar sus estudios luego de terminar el colegio, y formarlos en una suerte de escuela de estafadores para afectar a personas que quisieron mejorar sus condiciones de vida y le apostaron al sueño de invertir, es instigación al crimen y es un delito.

Pero mientras alguien reacciona, quienes están detrás de este engaño han tenido la posibilidad de cambiar de nombre, montar nuevas fachadas, ocultar los dineros, destruir pruebas y seguir pescando en lanchas rápidas con redes de arrastre en el océano de la virtualidad, seguros de que la acción de las autoridades viene tras ellos en canoas a remo.

La lucha contra la delincuencia debe ser tanto o más trasnacional que el crimen mismo. De lo contrario, estructuras como las que han operado Invesa Capital continuarán siendo estimuladas por el andar lento de unas autoridades en América Latina que cuando reaccionen, se pongan de acuerdo sobre quién debe actuar y se decidan ir a tocar la puerta, habrá sido demasiado tarde.

La tecnología llegó y se actualiza a diario, y si los operadores judiciales no hacen lo mismo, corren el riesgo de quedar como simples notarios levantando las actas de la desgracia de cientos o quizás miles de víctimas en el continente.