Uribe, la justicia y la saña

A Álvaro Uribe Vélez le guardo gratitud porque nos devolvió la esperanza, hizo que este país volviera a ser viable. Y aunque mis preferencias electorales se hayan decantado por alternativas distintas a las que él auspicia, debo expresar mi desacuerdo frente a la sentencia dictada en su contra.

Ese fallo representa un precedente complejo que tiene al país inquieto, interrogándose sobre la justicia y su relación con las tentaciones de la ideología y la política.

Tras el pronunciamiento del despacho a cargo del proceso, la Corte Suprema destacó la importancia de un sistema de justicia ajeno a las presiones externas, capaz de adoptar decisiones con estricto ceñimiento a las normas jurídicas.

El comunicado también rechazó las voces de quienes sugieren que las decisiones de los jueces no se ajustan al ordenamiento jurídico.

No hay duda de que el poder judicial es columna fundamental del Estado de derecho y su autonomía es condición esencial para que pueda cumplir el papel asignado por la Constitución.

En las complejas circunstancias afrontadas por la democracia colombiana, esa rama del poder representa posibilidad cierta de que, al final de las turbulencias y el estropicio vivido, sobrevengan la sensatez y el derecho.

Bien es sabido que el aparato judicial en su conjunto acierta con sus decisiones finales. Esta característica procede de su estructura compleja y jerarquizada, donde existen instancias y caben revisiones, apelaciones y tutelas.

Todo a la sombra de la procuraduría, el Consejo de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Pero los jueces son seres humanos no infalibles, están expuestos al sesgo ideológico y los prejuicios, circunstancia que el sistema está en capacidad de corregir porque la cultura de revisión y examen crítico tienden a preservarlo del espíritu de cuerpo que significa solidaridad ciega entre quienes conforman un colectivo.

Comparto la apreciación de la Corte en el sentido de que la actividad jurisdiccional debe estar libre de toda injerencia, tanto del ataque que hoy reciben desde el ejecutivo las decisiones de los altos tribunales como de las invitaciones a poderes extranjeros para que presionen o incidan sobre los fallos de nuestros jueces. También coincido en que las partes tienen un ámbito propio para dar a conocer su desacuerdo, pero agrego que en ningún caso puede limitarse el derecho ciudadano a opinar respetuosamente sobre estos temas.

El preámbulo extenso y farragoso de la sentencia plantea un propósito pedagógico y ejemplarizante dentro de cierto marco conceptual, con lo cual se excede el cauce propio de los fallos judiciales. Una vez sentado aquel marco de inferencias y admoniciones, lo que sigue no sorprende. La sentencia pretenderá abarcar los posibles errores pretéritos del imputado; las pruebas serán aceptadas aunque la legitimidad de su recaudo sea dudosa y no esté garantizada su cadena de custodia; al acusado se le negará el principio universal de favorabilidad y se lo condenará aunque no exista prueba exenta de dudas en el sentido de que él provocara la conducta punible.

Muchos se preguntan ahora si la justicia puede convivir con la saña, y es que Uribe contra el parecer de la Procuraduría fue condenado; contra el concepto de la Fiscalía sufrió incremento de la pena, y contra el sentido de humanidad, sin condena en firme, ya está capturado.