Unidos en la diferencia contra la violencia

En la región Sur Pacífico colombiana, constituida por los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño, desde hace varios años se han venido presentando diversas actividades violentas de grupos armados ilegales, relacionados con el narcotráfico y con prácticas inhumanas como el reclutamiento forzado de niños y niñas, el secuestro y la colocación de minas antipersona.

Como siempre, los que más sufren con tan irracional violencia son la población urbana y rural y de manera especial los niños y las niñas.

Considero que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos departamentales, municipales, la comunidad internacional, los organismos de justicia, las Fuerzas Militares y de Policía, como la propia población civil, no podemos seguir siendo indiferentes frente a tan irracional y aberrante situación.

Si bien es verdad que en Colombia llevamos viviendo más de 70 años con tan absurda violencia, lo peor que nos puede pasar, es que terminemos acostumbrándonos a convivir con ella, que, de entrada, viene afectando sobremanera el derecho que tenemos en Colombia a la reconciliación nacional y a la convivencia pacífica, lo mismo que el valor de nuestro trabajo y el de la propiedad privada.

Toda violencia, sea de quien sea o provenga de donde provenga, es contraria a la democracia y a los Derechos Humanos. Por ello, en la perspectiva de la cero tolerancia con todas las manifestaciones de violencia y en defensa del derecho que tenemos los seres humanos a la convivencia pacífica, es muy importante y necesario que las personas aprendamos a unirnos en la diferencia. Que aprendamos a identificar y evitar la ‘carretología’ de algunas personas que, con sus palabras y comportamientos, inconscientemente o no, se convierten en estimuladores de la política de odios y descalificaciones, la que de hecho resulta en nuevo combustible para la violencia.

En ese camino, es muy importante que el Gobierno Nacional junto con los gobiernos departamentales y municipales, establezca una línea de conducta de diálogos sociales y presupuesto participativo en cada municipio, en los cuales, bajo la figura de que ‘todos ponen’, se acuerden, con participación de la población, procedimientos democráticos sobre las obras sociales y en materia de infraestructura que deben ejecutarse en los municipios de Colombia, definiendo las fechas de inicio y terminación de cada uno de los acuerdos y lo más importante, los mecanismos de control y seguimiento a los mismos.

Ese mismo procedimiento de diálogos sociales y presupuesto participativo fue el que promoví cuando fui gobernador del departamento del Valle del Cauca del 2004 al 2007, lo que de paso me permitió conocer en las regiones, varias de las causas sociales, económicas y políticas que han generado la violencia en distintas regiones de Colombia.

En la idea de saber unirnos en la diferencia contra la violencia, sería importante que a iniciativa de Confecámaras, las Cámaras de Comercio de la región Sur Pacífico, se unieran en el propósito de escucharnos en la diferencia a diversas personas que hoy tenemos la convicción de cero tolerancia con la violencia. En esa misma línea de conducta, también puede actuar el diario El País de Cali, como también algunos importantes gremios empresariales de la región como Asocaña, entre otros.