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La criminología estudia las causas del crimen. Desde que César Lombrosio se empeñó en relacionar sin mayor éxito las características físicas del delincuente con el delito, esta ciencia ha evolucionado hasta alcanzar una aproximación holística, aportando a distintas escuelas penales y teorías sobre qué motiva el crimen violento, con apoyo de múltiples disciplinas, como la psicología, las ciencias sociales y económicas y políticas.

Entre las teorías, encontramos la del conflicto, que examina la eliminación de actores que amenazan los intereses o el poder de un grupo dominante, las sociales y psicológicas que ahondan en la psicopatía y el desprecio por la vida humana propio de la personalidad narcisista, y las subculturas delictivas cimentadas en la reacción a injusticias del pasado, la lealtad, el honor, y la sed insaciada de venganza, como valores intrínsecos del acto violento.

La amenaza y la venganza son entre las señaladas, dos de los más antiguos y persistentes móviles del homicidio. Una acción deliberada orientada a anticiparse y prevenir, o castigar, reparar simbólicamente o restablecer el honor por un agravio del pasado sobre el que a criterio del victimario no se hizo justicia. Señalaba el historiador inglés Malcolm Deas que para explicar las causas de la violencia intergeneracional debe preguntarse y responder “quién le hizo qué a quién” y halar la pita.

Gustavo Petro Urrego fue capturado en el barrio de invasión Bolívar 83 de Zipaquirá en 1985. Fue acusado de porte ilegal de armas y delito de rebelión. Indican colegas suyos de entonces que fue un guerrillero sin importancia en el M-19. Quizá por eso purgó solo 18 meses de cárcel. que lo marcarían de por vida. Su captura se produjo en un operativo del Ejército y la condena fue proferida por un tribunal militar, estando vigente el Estatuto de Seguridad.

Estatuto expedido por el expresidente Julio César Turbay, abuelo de Miguel Uribe. Una norma en su momento controvertida destinada a combatir la subversión y que Petro claramente no olvida; no ha escatimado críticas en su contra, hacia el exmandatario y su nieto quien se debate entre la vida y la muerte. Desde hace un año, para no ir lejos, el Presidente ha enfilado su artillería verbal en contra del joven político y su abuelo.

“Un Turbay presidente de la República, expidió el Estatuto de Seguridad, ordenó mandar a la cárcel a sindicalistas, jóvenes, intelectuales para tortutarlos”. Previo al atentado dijo: “¿El nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional?”. Agregó: “¿Vas a llevar Miguel Uribe como tu abuelo a diez mil colombianos a la tortura para frenar al pueblo? Ya no podrás, el pueblo lo ha decidido”.

¿Qué quiso decir con ‘ya no podrás’ y ‘el pueblo lo ha decidido’? ¿Sabía del atentado? Abundan estudios sobre cómo la incitación al odio y el discurso agresivo promueve y legitima la discriminación, la hostilidad y la violencia en contra de individuos o grupos. No es un asunto retórico e intrascendente; la palabra moldea normas sociales, define enemigos, disuelve límites morales, y también, predispone a la acción violenta. Es un eslabón de la cadena criminal.

Gustavo Petro ha hecho lo posible para que no se le asocie al atentado y ha amenazado con denunciar a quienes siquiera lo insinúen. Pero los hechos son tozudos. Si no fuese el Presidente, sino un ciudadano cualquiera ya habría sido judicializado. No solo por propiciar un clima de odio y violencia que sin duda alentó a los autores materiales, sino, porque al menos desde la criminología su perfil encaja perfectamente en el de quien la justicia debería buscar como determinador del intento de homicidio de Miguel Uribe Turbay.