Narcoterrorismo agrícola

l crimen amenaza el progreso agrario, la seguridad alimentaria y el tejido social rural. En 1983, el presidente peruano Fernando Belaúnde, acuñó el término narcoterrorismo para describir cómo Sendero Luminoso financiaba su violencia política mediante el narcotráfico.

Simultáneamente, los carteles de Medellín y Cali desataron una ofensiva brutal en Colombia: coches bomba, asesinatos de jueces, periodistas y candidatos presidenciales, atentados contra medios de comunicación y secuestros se convirtieron en armas de presión.

Para 1987, el FBI ya reconocía que el narcoterrorismo era un fenómeno desestabilizador en el tercer mundo.

Hoy, el narcoterrorismo no busca tomar el poder, sino corroerlo: infiltra instituciones, desmantela la gobernabilidad y la sustituye por redes criminales.

En Colombia, México, Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador operan organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el Eln, el Tren de Aragua, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Primeiro Comando da Capital, el Comando Vermelho, los Lobos y los Choneros. En conjunto, agrupan a más de 250.000 miembros y reclutan semanalmente alrededor de 500 nuevos integrantes.

Estas estructuras han tejido alianzas transcontinentales con mafias balcánicas, asiáticas y células de Hezbollah en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. En África, colaboran con grupos yihadistas como Aqmi y Boko Haram para facilitar el tránsito transatlántico de drogas. El extremismo religioso se convierte así en instrumento logístico del crimen organizado.

Este año, el gobierno de Estados Unidos incluyó a diez de estas organizaciones en su lista de Foreign Terrorist Organizations (FTOs), una medida que habilita su persecución fuera del territorio estadounidense mediante herramientas legales excepcionales. Sin embargo, lo más alarmante es su control sobre el agro. En varios países, amplias zonas rurales están bajo dominio criminal que decide qué se cultiva, controla el transporte y extorsiona a quienes venden o exportan.

El Informe de Amenazas a los Alimentos y la Agricultura del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., del cual fui coautor, identifica al sector de alimentos y agricultura como una infraestructura crítica para Estados Unidos.

En este contexto, América Latina tiene un papel estratégico en la seguridad alimentaria de ese país: solo en 2024, México exportó más de US$43.200 millones en productos agrícolas, seguido por Colombia (US$4446 millones), Perú (US$3600 millones), y Ecuador (US$1700 millones). Estas cifras reflejan la magnitud de la amenaza.

El narcoterrorismo ha desbordado tanto el derecho internacional como los marcos tradicionales de seguridad. La lucha antinarcóticos permanece anclada en esquemas de interdicción y erradicación, mientras las estrategias contrainsurgentes fracasan frente a actores que buscan formar territorios criminales. En medio de esta parálisis, la legalización aparece como una solución ilusoria, incapaz de enfrentar la violencia del fenómeno.

Contener el narcoterrorismo exige a los Estados una doctrina que combine inteligencia civil y militar, refuerce la justicia transnacional y proteja la logística agrícola, piedra angular de la salud pública, el comercio internacional y la seguridad global.