La tierra prometida

En julio de 2025 hubo una minga en Cali, donde comunidades indígenas y campesinas acordaron con el Gobierno Nacional para la entrega de tierras incautadas al narcotráfico. Una ironía de nuestro tiempo: que lo ilegal regrese como semilla de paz. La Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales empezaron a hacer posible lo impensable: adjudicar predios a quienes históricamente han sido expulsados de ellos.

Pero, ¿qué significa devolver la tierra? ¿Acaso basta con entregarla en bloques y medirla en hectáreas? ¿Se puede hacer reforma agraria sin imaginar la vida que florecerá en esos suelos? El discurso oficial habla de cultivos de café, de cacao, como si fueran entes abstractos y no el reflejo de comunidades, saberes y luchas. Se sueña con productividad, con cifras, con rendimientos por hectárea, pero rara vez se nombra al campesino como sujeto de derecho, como el protagonista de una nueva ruralidad.

En San Zenón, Magdalena, se adjudicaron 3280 hectáreas a siete asociaciones campesinas. Dividiendo, como quien reparte una herencia apresurada, serían 468 hectáreas por grupo. Sin embargo, una familia difícilmente puede trabajar más de cinco. Entonces, ¿quién trabajará esa tierra? ¿Serán asalariados? ¿Se repetirá el viejo modelo del patrón y el jornalero, esta vez bajo una nueva bandera?

El dilema no es técnico, es ético. Hay más de un millón de campesinos sin tierra en Colombia. ¿A qué futuro los estamos invitando? La respuesta no está en el latifundio ni en la parcelita aislada. Como lo demuestran experiencias vivas, está en el modelo de eco-aldeas: comunidades organizadas, sostenibles, de propiedad horizontal, donde la tierra se piensa no solo como producción, sino como hábitat, escuela, fogón común.

Utilizando la tecnología de hoy, la eco-aldea Nashira se convierte en una comunidad energética, ahorrándose así el pago de los servicios tan duros en la canasta familiar, y siendo modelo de manejo ambiental. Durante 9 meses, 12 mujeres se capacitaron en técnicas de energía agrovoltáica y pueden enseñarles a otras comunidades a establecer energía solar en barrios, restaurantes y o colegios.

Cada una de estas eco-aldeas serían manejadas por mujeres, pues el treinta y tres por ciento de los hogares colombianos son de madres cabeza de hogar, o sea, familias de facto matriarcales. Cada eco-aldea necesitaría un colegio, un centro de salud y espacios para la cultura, porque vivir en el campo no debe significar exclusión ni atraso. La tierra, si ha de ser vida, debe ir acompañada de dignidad.

Desde la Agencia Nacional de Tierras se habla de 600.000 hectáreas entregadas y anuncia que pronto será un millón. La reforma agraria no puede quedarse en lo cuantitativo. Tiene que sembrar comunidad, equidad y futuro. La tierra es memoria, es madre, es la pachamama.