¿Gobierno tramposo?

La sed de recursos del Gobierno ante la necesidad de ganar las próximas elecciones, no tiene límites. El déficit fiscal para el año 2025 será del 7%, según los expertos, algo totalmente inusual si se considera que no estamos atravesando una crisis como la del Covid-19. Este apetito voraz por recursos ha motivado intentos de reforma tributaria, la declaratoria de emergencia, la presentación de un presupuesto desfinanciado y la contratación de créditos internacionales a tasas altas, entre otras medidas. Las cuentas indican que sería necesario recortar el gasto entre 45 y 75 billones de pesos.

Para recaudar más, ahora se pretende abusar de los contribuyentes mediante la modificación de las tarifas de retención en la fuente, incluso afectar a los socios minoritarios de Ecopetrol con el cobro de IVA a los combustibles.

Ha sido pacífico en nuestro ordenamiento el uso de la facultad del Gobierno para fijar las tarifas de retención en la fuente. La Constitución exige que la ley defina los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas. La ley puede delegar al Gobierno la facultad de fijar las tarifas de retención en la fuente, pues esta se considera un mecanismo de recaudo y no un nuevo impuesto. No obstante, ante los ímpetus y voracidad fiscal del Gobierno, es preciso reconsiderar esta posición.

Para muchos, la retención en la fuente no es solo un mecanismo de recaudo, sino que también hace parte del impuesto, debido al costo financiero que asumen los contribuyentes por el pago anticipado. En otras palabras, el Gobierno estaría financiándose a costa de los contribuyentes, trasladándoles de forma abusiva un costo que es un verdadero impuesto. Por lo anterior, las tarifas de retención también deberían ser fijadas por ley, conforme al principio de legalidad tributaria.

Por otro lado, el Gobierno, a través de la Dian, ha enfocado sus esfuerzos en cobrar a Ecopetrol 9,4 billones de pesos (cifra que podría alcanzar los 22 billones de pesos) por concepto de IVA por la importación de combustibles. A primera vista, esta medida parece una estrategia desesperada para apropiarse del efectivo de las arcas de Ecopetrol, abusando de los asociados minoritarios. Para muchos, no tiene ni pies ni cabeza, dada cuenta a que lo pagado, se ha pagado -o dejado de pagar- conforme a derecho, considerando regímenes especiales de importación, como los aplicables a usuarios industriales de zonas francas o zonas de frontera. Lo cierto es que Ecopetrol debe responder como cualquier otro contribuyente y justificar, barril por barril, producto por producto, por qué no se pagó el IVA y demostrar que no ha abusado de los regímenes especiales.

Adicionalmente, el Gobierno pretende pagar con TES lo que le debe a Ecopetrol en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) por concepto de los subsidios, lo cual constituye otro abuso. Habrá que ver cómo actúan los administradores de Ecopetrol, en defensa del mejor interés de la sociedad y de todos sus asociados, o si, por el contrario, se pliegan a la voluntad del Gobierno.

Amanecerá y veremos, pero todo suena a marrullas del Gobierno para recaudar más y apuntalar su política de gasto excesivo en pleno periodo preelectoral.