Rechazan aplazar investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo este jueves que se negaba a aplazar su investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y pidió permiso a los jueces para reanudar la investigación.

"Notifiqué ayer [miércoles 20 de abril] a la Sala de Cuestiones Preliminares la solicitud de Venezuela de suspender el procedimiento, así como mi intención de solicitar, lo antes posible, la autorización para reanudar mi investigación", dijo el fiscal de la CPI, el británico Karim Khan, en un comunicado.

"He comunicado esta decisión porque, tras examinar el fundamento de la solicitud de aplazamiento, he llegado a la conclusión de que no se ha presentado ninguna información nueva que justifique" tal decisión.

Caracas estima que los atropellos a los derechos humanos -- cometidos durante la represión de las manifestaciones contra el gobierno en 2017 que dejaron unos cien muertos -- están castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial.

Según el estatuto de Roma, el tratado fundador de la CPI con sede en La Haya, un Estado miembro puede solicitar formalmente que el fiscal de la CPI se encargue de la investigación del Estado en su propio territorio.

Lea también: Rusia acusa a Colombia de crear "tensión" en la relación bilateral

En noviembre, el fiscal de la CPI anunció junto al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, que pasaba de un examen preliminar abierto en 2018 a una investigación formal.

Al mismo tiempo, el CPI y Caracas firmaron un memorando de entendimiento en el que Venezuela se comprometía a tomar medidas para que el CPI pudiese trabajar.

El presidente Maduro dijo entonces que respetaba pero no estaba de acuerdo con la decisión de la fiscalía de abrir una investigación formal.

El 31 de marzo, tanto la Corte como Caracas acordaron abrir una oficina del tribunal en Venezuela.

La justicia venezolana acusó y condenó a agentes del orden por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017, pero los opositores al gobierno creen que estas medidas solo se tomaron para evitar un juicio ante la CPI.