Naciones Unidas denuncia una “persistente” persecución a opositores en Nicaragua: “Puede extenderse más allá de sus fronteras”

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó recientemente que la “persistente” persecución política en Nicaragua continúa siendo uno de los principales hechos de “deterioro” democrático en el país.

También advirtió que existe un alto riesgo de que este hostigamiento se extienda “más allá de sus fronteras”.

“La persecución contra personas percibidas como opositoras políticas en Nicaragua no solo persiste, sino que se ha convertido en una práctica recurrente y puede extenderse más allá de sus fronteras, exponiendo a personas en el exilio a un alto riesgo de vida e integridad física. Se trata de un desmantelamiento devastador del espacio cívico”, expresó la directora de la División de Operaciones Globales de esa dependencia, Maarit Kohonen.

En este contexto, Kohonen ha señalado que entre los principales sufridores de este acoso se incluyen a “defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes religiosos y laicos”, colectivos cuyas garantías fundamentales han experimentado un “gran deterioro” en los últimos años.

Así, por ejemplo, se han registrado al menos 178 exilios de periodistas y 5535 disoluciones “arbitrarias” de organizaciones sin ánimo de lucro desde 2018.

Estos hechos afectan también los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que se encuentran asimismo “bajo amenaza” ante la aprobación de “nuevas reformas sin consulta previa ni consentimiento informado, mientras continúan los ataques a sus comunidades, incluyendo asesinatos y la violencia sexual”.

“Las detenciones arbitrarias continúan siendo utilizadas como una herramienta de represión política, consolidando un ambiente de miedo para silenciar las voces críticas”, ha advertido Kohonen.

Esta situación se ha visto agravada por la aprobación de una nueva Ley Electoral -adoptada en marzo pasado- que ha permitido una mayor concentración del poder en la Presidencia mediante la eliminación de ciertos mecanismos de participación democrática, como los referendos.

Tras las últimas modificaciones legales adoptadas, “la Presidencia tiene ahora la facultad de proponer al presidente de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de los procesos penales se restringe a discreción de las autoridades”, ha agregado el representante de la ONU, instando al Ejecutivo nicaragüense a “reanudar el diálogo y retomar su compromiso con los Derechos Humanos”.

Es de recordar que, en diciembre del 2024, un grupo de expertos de Naciones Unidas había denunciado la campaña de desapariciones y detenciones arbitrarias de opositores iniciada en Nicaragua tras las protestas de 2018, la cual continúa en la actualidad.

En ese sentido, de acuerdo con la ONU, desde esas masivas protestas opositoras, que dejaron más de 300 muertos en tres meses, el régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha endurecido la represión contra los disidentes, las oenegés y la Iglesia Católica.

*Con información de Colprensa y redacción de El País