Francia desmantela red que facilitaba papeles falsos a trabajadores agrícolas colombianos

La justicia Francesa condenó a diez personas vinculadas a una red que facilitaba documentos falsos a migrantes, en su mayoría colombianos, para trabajar en el sector agrícola del suroeste del país. Las penas oscilan entre uno y cinco años de prisión, además de multas económicas.

La investigación, abierta en 2023, se centró en la falsificación de documentos de identidad españoles que eran utilizados por jornaleros en fincas francesas. Fue a mediados de 2024 cuando las autoridades desmantelaron la organización y llevaron a juicio a diez ciudadanos originarios de Colombia, Ecuador y Venezuela.

La líder de la red, una mujer ecuatoriana de 53 años, recibió la condena más severa: cinco años de cárcel, una multa de 15.000 euros, y la prohibición de ingresar nuevamente al territorio francés. Los otros implicados obtuvieron sentencias de entre uno y cuatro años de prisión.

De acuerdo con la investigación, los falsificadores no solo vendían documentos de identidad falsos, sino que también alquilaban algunos auténticos. El esquema exigía a los migrantes un pago inicial de 1.000 euros (1.175 dólares) como “derecho de entrada” y cuotas mensuales de 250 euros (293 dólares) para poder conservar la documentación.

“Varios cientos de migrantes” fueron víctimas de esta red, afirmó un comandante de la Policía de Fronteras. Además de los costos por los papeles, los trabajadores debían asumir el pago de alojamiento en condiciones precarias, así como la apertura obligatoria de líneas telefónicas y cuentas bancarias, todo administrado por los traficantes.

La fiscalía calificó este entramado como un “tráfico de migrantes low cost”, que explotaba la necesidad de trabajadores extranjeros en las explotaciones agrícolas francesas. Pese a la magnitud del caso, la justicia no encontró elementos suficientes para procesar a los empleadores que contrataron a los migrantes con la documentación falsa.

La defensa de la principal condenada, representada por la abogada Nadjet Zaghrir, anunció que presentará un recurso en contra de la sentencia.

La operación contó con la operación de las autoridades de España y Colombia, así como con el apoyo de Europol, lo que permitió desmantelar una de las redes de tráfico de migrantes más activas en la región agrícola francesa. El intercambio de información entre los tres países resultó clave para seguir el rastro de los documentos falsificados y de las cuentas donde se movía el dinero producto de la estafa.

Para las autoridades europeas, este caso se ha convertido en un ejemplo de la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación internacional frente a las redes de trata y explotación laboral, que opera de manera transnacional y afectan principalmente a comunidades vulnerables de América Latina.