El hombre deportado por error a El Salvador, no regresará; afirma fiscal estadounidense

Este miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que Kilmar Ábrego, el hombre que fue deportado a El Salvador por un “error administrativo” a mediados de marzo como parte de las políticas impulsadas por Trump para expulsar a los migrantes ilegales del país y quien fue acusado, sin pruebas, de formar parte de la pandilla MS-13, también declarada “terrorista”, no regresará a territorio estadounidense.

Esta declaración confronta directamente al Tribunal Supremo, que ha ordenado lo contrario al Gobierno del magnate.

Vale recordar que esta misma semana, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, visitó la Casa Blanca y junto a Trump ha asegurado que no enviará a Ábrego de vuelta a la nación norteamericana.

“No va a regresar a nuestro país, el presidente Bukele dijo que no lo enviaría de regreso”, manifestó.

En ese sentido, Bondi ha señalado que la orden del Supremo de “facilitar” el regreso de Ábrego al país pasaba por poner a disposición de El Salvador los recursos necesarios para la deportación. Sin embargo, Bukele no lo ha solicitado, por lo que Washington se desentiende del asunto.

Ábrego gozaba de estatus de protección temporal concedido por un juez en 2019, tras abandonar su país de origen huyendo de la violencia y aunque el Tribunal Supremo ya había ordenado al Gobierno facilitar el regreso del ciudadano salvadoreño a territorio estadounidense, no dictó ninguna orden concreta al respecto.

Este tipo de actos han llevado a organizaciones de derechos humanos a cuestionar la falta de garantías o directamente, la legalidad de estas deportaciones masivas impulsadas por Trump.

Especialmente, luego de que el juez federal James Boasberg, dictaminara que el gobierno “ignoró deliberadamente” el 15 de marzo su decisión de prohibir la deportación de migrantes bajo una ley de 1798, un hecho que considera un probable “desacato” judicial.

“El tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden”, escribió el magistrado, quien suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798 cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, estaban siendo deportadas a El Salvador.

Esto sería “suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato penal”, añadió el juez de Washington.

El 8 de abril, la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes mediante la ley del siglo XVIII, principalmente por razones técnicas, asegurando que varias de las personas que pusieron demandas para evitar la deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se tramitó en Washington.

No obstante, el máximo tribunal consideró que deben de poder impugnar su expulsión en los tribunales del Estado desde donde son expulsados.