Contraloría alerta aumento de $7 billones en contratación pública antes de ley de garantías

La Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas tras detectar un incremento superior a los $7 billones en la contratación pública registrada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) durante los meses de septiembre y octubre de 2025, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales de 2026.

El órgano de control explicó que, desde septiembre, viene aplicando un Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo que le ha permitido caracterizar la dinámica de la contratación estatal en el país.

Según los reportes oficiales, los picos más altos de contratación se observaron precisamente en los dos meses previos al periodo de restricciones: septiembre alcanzó los $4 billones y octubre los $3,5 billones.

La Contraloría detalló que los mayores incrementos se registraron en la modalidad de contratos y convenios interadministrativos, una de las más sensibles durante los tiempos electorales por su uso frecuente en la ejecución de obras y programas con recursos públicos.

El seguimiento se realiza a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), que centraliza información proveniente de bases de datos como SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA), y los sistemas presupuestales del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Desde el pasado 8 de noviembre, la entidad comenzó a vigilar de manera intensiva los convenios interadministrativos para evitar que se utilicen con fines electorales durante el periodo de restricciones establecido por la Ley de Garantías.

Además, se hará seguimiento a incrementos inusuales en contratos de servicios, transferencias excepcionales de recursos a entidades locales y a la eventual participación de contratistas inhabilitados por superar los límites legales de financiación política.

La Contraloría anunció que el control sobre la contratación directa iniciará formalmente el 31 de enero de 2026, fecha en la que entran a regir las limitaciones más estrictas de la norma.

El propósito, según el organismo, es prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales.