Tribunal Superior de Bogotá tiene lista la decisión sobre la condena de Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá ya tiene lista la decisión que podría confirmar o anular la condena de 12 años de prisión impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

A través de un breve comunicado, el alto tribunal informó que una sala compuesta por tres magistrados resolvió la apelación interpuesta tanto por la Procuraduría General de la Nación como por la defensa del exmandatario, y en los próximos días se fijará la fecha para la lectura oficial de la decisión.

Según dicta el comunicado, el Tribunal deberá determinar si mantiene en firme la condena o si acoge los argumentos de la defensa, que insiste en que Uribe no fue el arquitecto de una operación para manipular testigos y engañar a la justicia.

Ya que, de acuerdo a la sentencia de primera instancia, el exmandatario habría utilizado intermediarios para contactar a exparamilitares con el fin de que declararan a su favor y en contra del senador Iván Cepeda, a cambio de supuestos beneficios jurídicos o procesales.

En ese contexto, los abogados defensores, Jaime Granados y Jaime Lombana, sostienen que el proceso tuvo un enfoque político y que la jueza que condenó a Uribe incurrió en expresiones inapropiadas que, a su juicio, ponen en duda su imparcialidad.

“La jueza pretende proyectar una imagen de imparcialidad y neutralidad, pero simultáneamente emite mensajes como ‘la justicia no se arrodilla ante el poder’, ‘no es una revancha’ o ‘este juicio no es político’. Estas expresiones tienen una clara carga política y sesgada”, señalaron en su apelación.

Para la defensa, ese tipo de afirmaciones convirtieron el estrado judicial en “una plataforma para emitir manifestaciones de carácter ideológico y personal”, lo cual, dicen, no corresponde a las competencias de un funcionario judicial.

Defensa de Uribe insiste en la valoración de las interceptaciones telefónicas

Además, uno de los puntos centrales del recurso presentado por los abogados de Uribe tiene que ver con las interceptaciones telefónicas entre el expresidente y su entonces abogado, Diego Cadena.

Dichas grabaciones han sido pieza clave en las decisiones judiciales en su contra, pero la defensa sostiene que deben ser declaradas nulas por violar el secreto profesional.

El abogado Granados explicó que en 2018 la Corte Suprema de Justicia ordenó intervenir una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el llamado “cartel de la toga”.

Sin embargo, posteriormente se descubrió que la línea correspondía al abogado Cadena, lo que, según la defensa, habría derivado en la interceptación de conversaciones sin orden judicial válida.

El caso contra el exmandatario colombiano, tiene su origen en 2012, cuando Uribe, siendo senador, denunció al también congresista Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer dinero y beneficios a exjefes paramilitares para que declararan en su contra.

Uribe señalaba a Cepeda de vincularlo falsamente con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con hechos como la masacre de El Aro.

Sin embargo, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que no existían pruebas que comprometieran a Cepeda y, por el contrario, encontró indicios de que Uribe habría intentado manipular testigos a su favor. Desde entonces, el proceso judicial ha pasado por varias etapas y ha reavivado la polarización política en Colombia.

En los próximos días se conocerá si el Tribunal Superior de Bogotá ratifica la condena o da la razón a la defensa, en una decisión que marcará un nuevo capítulo en el extenso expediente judicial del expresidente.

*Con información de Colprensa