Tribunal de Cundinamarca anunció incidente de desacato contra la canciller Laura Sarabia; aquí los detalles

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha anunciado un sorpresivo proceso legal al abrir un incidente de desacato contra la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia.

Según informan, esta decisión responde a la falta de cumplimiento con la suspensión provisional de un decreto presidencial que designaba a María Camila Ceballos Caicedo como segunda secretaria de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Tulcán, Ecuador.

Al parecer, el nombramiento se hizo pese a la normativa establecida, la cual, le habrían advertido al el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, no se acató.

Caso de Laura Sarabia

La demanda fue presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) el pasado 30 de enero.

Pues la organización alegó que la designación de Ceballos violaba la normativa aplicable, específicamente por no haber considerado la existencia de al menos 62 funcionarios de carrera que podrían haber sido nombrados para ese cargo.

Según los demandantes, la resolución carecía de fundamento legal, lo que motivó el planteamiento de la demanda y, finalmente, la solicitud de suspensión provisional del decreto.

El Tribunal, al revisar los argumentos, determinó el 27 de febrero de 2025 que el decreto del cargo debía ser suspendido temporalmente.

Esta medida cautelar, según se manifiesta, tenía como fin proteger el orden jurídico mientras se resuelve la legalidad de la designación de Ceballos.

Por su parte, el tribunal, bajo la dirección de la magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, rechazó la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este contexto, la magistrada consideró que la solicitud no tenía fundamento y que más bien constituía un intento de dilatar el proceso judicial.

Por esta razón, se adoptó la decisión de abrir un incidente de desacato contra la ministra Laura Sarabia, quien es la responsable de la implementación de la medida cautelar.

El tribunal señaló que el Ministerio había actuado de forma dilatoria y advirtió sobre la posibilidad de imponer sanciones económicas en caso de continuar con este comportamiento.

Según lo dispuesto en el artículo 60A de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 1285 de 2009, el incumplimiento de una orden judicial puede acarrear una multa de hasta cinco salarios mínimos mensuales.

En virtud de esta nueva resolución, el Tribunal ha otorgado al Ministerio de Relaciones Exteriores un plazo de tres días para que ejerza su derecho de contradicción y defensa.

Según lo visto, dicha ocasión es una oportunidad para que el Ministerio pueda argumentar en contra de la decisión tomada por el Tribunal y demostrar que se ha cumplido con la suspensión provisional ordenada.

Cabe destacar, que el incidente de desacato, en caso de que no se resuelva a favor de la ministra Sarabia, podría generar consecuencias adicionales en términos de la gestión de relaciones exteriores del país y en la credibilidad del proceso de designación de funcionarios diplomáticos.