¿Quién paga cuando se incautan cargamentos de coca? Este es el precio oculto de las cifras récord en los decomisos

Uno de los más importantes resultados operacionales de la Fuerza Pública en materia de la lucha contra las drogas es la incautación de sustancias estupefacientes, pues de esta manera se golpea a las economías ilegales.

Según el informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales, del Ministerio de Defensa, entre enero y septiembre de 2025 fueron incautadas 771,3 toneladas de cocaína, un récord para el país en la última década.

Lo anterior representa un aumento del 13 % en decomiso de estas sustancias con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se incautaron 684,8 toneladas de la sustancia.

Sin embargo, las cifras de erradicación son bajas, de solo 5.687 hectáreas en los primeros ocho meses de 2025, por lo que el consultor en seguridad y paz, Felipe Fernández, indicó a El País que “la disminución de la erradicación constituye un vacío que amenaza con socavar la eficacia de cualquier acción de control”.

Por ello, aseguró que se deben ofrecer alternativas reales que debiliten el negocio ilícito fortaleciendo al mismo tiempo la institucionalidad local y la gobernanza del territorio.

“La coordinación entre Estado, comunidades y aliados internacionales, promoviendo desarrollo rural y control de oferta y demanda, es la única vía para modificar las condiciones estructurales que mantienen vivo el cultivo”, añadió Fernández.

Por su parte, el consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, Iván Carvajal, coincidió, pues según él la erradicación voluntaria es lenta, por lo que se deben adicionar medidas. “Se debe apoyar con más estrategias, por eso en algún momento, incluso en este mismo gobierno, se pensó restituir la aspersión con glifosato y la estrategia de erradicación forzada”.

Sin embargo, Carvajal manifestó que el trabajo articulado entre las diferentes instituciones de la Fuerza Pública para las incautaciones es relevante, ya que afecta directamente las finanzas de los grupos ilegales que se dedican a estos delitos.

Un negocio que mueve millones de dólares

Carvajal explicó que en Cauca y el Valle del Cauca podrían existir aproximadamente 38.000 hectáreas sembradas con hoja de coca y en esta misma zona “está el 20 % de la producción de cocaína del país”.

Lo anterior quiere decir que las estructuras Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Carlos Patiño y Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc controlan la mayor parte de la cadena de producción y reciben unos $600 millones de dólares en un año por producir aproximadamente 500 toneladas de coca.

“Es absolutamente desproporcionada la capacidad que tiene el Estado para poder controlar ese mercado de producción de su país”, aseguró el experto.

Sin embargo, esta es una mínima parte de las ganancias de este negocio ilegal, pues una vez la cocaína sale del país, su precio aumenta.

Según indicó Carvajal, las disidencias de las Farc se encargan de la producción dentro de Colombia negociando la venta de la droga por kilo.

“Un kilo vale unos 1500 dólares, es decir, aproximadamente $5.000.000 en Colombia. Cuando ese mismo kilo se vende en Miami, pasa a costar 20.000 dólares; en Nueva York puede alcanzar los 30.000 dólares; en Europa pasa a valer 50.000 dólares y en Japón 80.000″, dijo el consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica.

Pero quienes se encargan actualmente de las rutas internacionales del narcotráfico son las mafias extranjeras de países como México, Italia, Ecuador o Albania.

“Lo que quiere decir que el costo de producción y de venta es lo que se queda en el país y todo el resto de ganancia por el transporte y la distribución se lo quedan las mafias internacionales con esa plata”, agregó.

Alguien debe pagar por las incautaciones

Por lo anterior, cuando grandes cargamentos de drogas son incautados por la Fuerza Pública, ocurren homicidios en ciudades como Cali, Buenaventura o Tumaco en el suroccidente, pero también en otras zonas del país.

“Las diferencias de las Farc se valen de las pandillas urbanas de Cali, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Jamundí para poder controlar el microtráfico y las rutas de distribución vía terrestre”, dijo Carvajal.

Este ecosistema criminal hace que en la capital vallecaucana se cometan asesinatos por ajustes de cuentas cuando hay incautaciones y “muchas de las víctimas no son de Cali, sino de Buenaventura, de Tumaco, del norte del Cauca y extranjeros”.