Procuraduría formula cargos a concejal de Pradera, Valle, por posible conflicto de intereses en contratación

En la mañana de este 5 de abril, la Procuraduría General de la Nación informó sobre el pliego de cargos que profirió contra Cesar Augusto Zuluaga Rodríguez, concejal del municipio de Pradera, Valle del Cauca, por presuntamente haber suscrito contratos de prestación de servicios mientras se encontraba ejerciendo su cargo como servidor público electo.

Según informó el Ministerio Público, el funcionario habría firmado “negocios jurídicos para apoyar la gestión de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Recreación y el Deporte”, con el propósito de ejecutar labores en el segundo semestre de 2024.

Según la entidad, los hechos aparentemente se realizaron mientras el funcionario ya se encontraba desempeñando funciones como servidor público, cargo para el cual fue elegido para el periodo 2024 - 2027, y esta situación implicaría una posible infracción a las normas que rigen la contratación estatal, ya que “al estar elegido como servidor público, en este caso como concejal, se encontraba inhabilitado para suscribir contratos con entidades de cualquier orden”, se lee en el documento.

Frente a las acusaciones, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali se encargará de disidir si estas acusaciones podrían constituir una vulneración a las normas que rigen la contratación pública, ya que, como concejal en ejercicio, el disciplinable no puede realizar algunas funciones, entre ellas, firmar contratos con entidades del Estado.

De acuerdo con el órgano de control, con esta presunta conducta se habrían vulnerado los principios que rigen la función pública, como “los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad al estar inhabilitado y generar un conflicto de intereses entre la gestión pública y los intereses personales del investigado”, lo cual generó una contienda por presuntamente mezclar el ejercicio del poder con fines personales.

En ese sentido, manera provisional, la Procuraduría, calificó la conducta “como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima”, lo que implica una eventual sanción si se comprueba la responsabilidad disciplinaria del funcionario. El proceso continuará su curso, y el concejal tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa dentro del marco legal correspondiente. No obstante, hasta el momento, Zuluaga Rodríguez no se ha pronunciado ante las acusaciones.

Este tipo de investigaciones buscan preservar la integridad de la gestión pública, especialmente en el ámbito local, donde los conflictos de intereses y las prácticas indebidas pueden tener un impacto directo sobre la confianza de la ciudadanía y el uso incorrecto de los recursos del Estado.