COLOMBIA
Ocho militares aceptaron responsabilidad en 'falsos positivos' en Dabeiba, Antioquia
Por escrito, los 10 imputados en esta investigación se refirieron a la imputación que les hizo la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Dos de ellos no aceptaron los delitos.

4 de oct de 2022, 07:56 p. m.
Actualizado el 17 de may de 2023, 10:09 a. m.
Ocho de los 10 integrantes del Ejército que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hace cerca de tres meses, por su responsabilidad en varios asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba entre 2002 a 2006, aceptaron su responsabilidad escrita en estos hechos.
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Entre los militares que aceptaron su responsabilidad se encuentran los coroneles Efraín Enrique Prada y Edie Pinzón Turcios, el sargento viceprimero Hernando Cómbita, los mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez Giraldo, y Hermes Mauricio Alvarado; los sargentos retirados William Andrés Capera, Fidel Iván Ochoa y Jaime Coral Trujillo; y el soldado profesional en retiro Levis de Jesús Contreras Salgado.
Entre sus reconocimientos los ocho comparecientes “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz”, también aceptan responsabilidad individual” y “reconocen su participación en calidad de máximos responsables”. Asimismo, muestran su disposición de realizar acciones tareas y actividades “con la finalidad de reparar los daños causados”.
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Tras este reconocimiento los ocho comparecientes deben pasar del reconocimiento escrito a hacer un reconocimiento público en una audiencia pública de reconocimiento de verdad, en la cual se deben referir públicamente sobre los hechos y conductas consignadas en el auto de imputación, tal como ha sucedido con los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Por su parte, los coroneles Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la Brigada Móvil 11) y David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) manifestaron que no aceptan su responsabilidad por los crímenes que les imputó la JEP. Ante este escenario se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se exponen a penas hasta de 20 años de cárcel.