Imputados por falsos positivos en Casanare fueron postulados ante el Tribunal para la Paz

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio este jueves un nuevo paso en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por miembros del Ejército Nacional, durante el conflicto armado colombiano.

La instancia postuló ante el Tribunal para la Paz a 19 miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles, para que inicie la etapa de juicio tras haber reconocido su responsabilidad y aportado verdad sobre los hechos ocurridos entre 2005 y 2008 en Casanare.

Los comparecientes fueron imputados como máximos responsables dentro de un patrón de macrocriminalidad que involucró 318 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate. Los crímenes fueron calificados por la JEP como de guerra y de lesa humanidad, además de homicidios en persona protegida.

Según la investigación, los postulados pertenecieron a la Brigada XVI, al Gaula Casanare y al Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), unidades que —entre 2005 y 2008— utilizaron la estructura institucional del Ejército para ejecutar y encubrir homicidios de civiles.

Entre los reconocidos se encuentra el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó la Brigada XVI entre diciembre de 2005 y julio de 2007; el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama, excomandante del grupo especial Delta; y el sargento segundo (r) Faiber Alberto Amaya Ruiz. Junto a ellos, otros 19 exmilitares y civiles fueron postulados para recibir Sanción Propia, la pena restaurativa que impone la JEP a quienes aceptan responsabilidad y contribuyen efectivamente a la verdad y la reparación.

Entre los comparecientes se cuentan altos mandos, oficiales de inteligencia y falsos informantes que reclutaron y engañaron a las víctimas con la promesa de empleos o beneficios, para luego ser entregadas a unidades militares y reportadas como “bajas en combate”.

Las víctimas incluyeron mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva, que fueron estigmatizadas y asesinadas de forma sistemática.

Ahora bien, durante el proceso de reconocimiento, la Sala de la JEP también determinó que seis de los comparecientes incurrieron también en crímenes de tortura y tratos inhumanos o degradantes contra las víctimas antes de su asesinato.

Estos delitos fueron atribuidos a Wilson Salvador Burgos Jiménez, Jhon Alexánder Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez, Miguel Andrés Sierra García, Zamir Humberto Casallas Valderrama y Marco Fabián García Céspedes, aunque este último no reconoció los nuevos cargos.

“A partir de los relatos entregados por las víctimas durante la audiencia y en los espacios privados promovidos por la JEP, tanto ellas como el Ministerio Público informaron a la magistratura que sus familiares habían sido ultrajados física y psicológicamente antes de ser asesinados. Tras contrastar esta información, la Sala de Reconocimiento de Verdad comprobó que, en algunos de estos casos, se cometieron crímenes de guerra de tortura y tratos crueles, los cuales fueron imputados a estos seis comparecientes”, destacó la JEP en su comunicado.

Hasta la fecha, 612 víctimas han sido acreditadas en el Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga los llamados “falsos positivos”. Al inicio del proceso, solo 20 víctimas participaron; sin embargo, a medida que avanzó la investigación y creció la confianza en la JEP, el número se multiplicó.

Durante 2024, la Jurisdicción impulsó encuentros restaurativos entre víctimas y comparecientes, acompañados por psicólogos y profesionales expertos. En esos espacios, más de 100 víctimas, dos sobrevivientes y 57 militares retirados participaron en diálogos privados donde se resolvieron dudas y se revelaron detalles íntimos sobre los últimos momentos de las víctimas.

Estos espacios también propiciaron gestos simbólicos de reparación, como la decisión de algunos exmilitares de entregar las condecoraciones obtenidas por operaciones que resultaron ser ejecuciones extrajudiciales. La Sala exhortó al Ministerio de Defensa Nacional a retirar oficialmente esos reconocimientos.

Además, la JEP informó avances en la búsqueda y entrega digna de personas desaparecidas: siete ya fueron encontradas y cuatro más están próximas a ser restituidas a sus familias.

Camino a las Sanciones Propias

Los 22 comparecientes postulados cumplieron con los tres estándares exigidos por la JEP para acceder a Sanción Propia:

1. Fáctico, al reconocer detalladamente su participación en el plan criminal.
2. Jurídico, al aceptar la naturaleza no amnistiable de los delitos.
3. Restaurativo, al reconocer el daño causado a las víctimas y a la sociedad.

Las sanciones propias no implican cárcel, pero restringen derechos y libertades, e incluyen trabajos restaurativos y reparadores supervisados por la JEP y la ONU, a través del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Algunos de los implicados, como Orlando Rivas Tovar (exdirector del DAS en Casanare) y Miguel Andrés Sierra García, inicialmente negaron su responsabilidad, pero terminaron por reconocer su papel en los crímenes. Otros, como Torres Escalante y Henry Hernán Acosta Pardo, ampliaron posteriormente sus confesiones para incluir acciones directas dentro del patrón criminal.

De esta manera, determinando diversas verdades que la justicia ordinaria no había logrado esclarecer, la JEP reveló cómo alrededor de al menos 367 personas —entre militares, miembros del extinto DAS y terceros civiles— “habrían conformado una organización criminal dedicada a planear, ejecutar y encubrir asesinatos y desapariciones forzadas. Los integrantes del DAS, por su parte, participaron en la producción de información de inteligencia para dar apariencia de legalidad a las operaciones y, en varios casos, en la ejecución directa de los crímenes”.

Durante la investigación, la JEP documentó cómo, en este departamento y en zonas aledañas, unidades tácticas como el Birno, los Grupos Especiales Delta y el Grupo Guías del Casanare adoptaron esa práctica criminal contra campesinos señalados de pertenecer o colaborar con la guerrilla, así como contra combatientes heridos o rendidos, y valiéndose del engaño para atraer personas que serían asesinadas.

El Gaula Casanare replicó este patrón, además, con personas acusadas de extorsión y otras puestas fuera de combate.

“Durante el periodo priorizado, la sala determinó además que algunos miembros de la Brigada XVI utilizaron a menores de edad como falsos informantes para engañar y atraer a víctimas que luego eran asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate”.

Cabe decir que, con la emisión de la Resolución de Conclusiones a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, el siguiente paso, según quedó constatado, será revisar el expediente y, si asume competencia, iniciará la etapa de juicio del Subcaso Casanare, en la que se definirá la situación jurídica de los 22 comparecientes incluidos en la resolución.

“Antes de definir los proyectos a los que se vincularán estos comparecientes como parte de su Sanción Propia, la sección trabaja para que la sentencia que se emita proteja los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales”.

Precisamente, en septiembre, la sección dictó las dos primeras sentencias de la JEP: la primera, contra los siete integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP por más de 21.000 secuestros; y la segunda, en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, en la que 12 comparecientes de la fuerza pública fueron sancionados por 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, entre enero de 2002 y julio de 2005.