Procuraduría pide archivar demanda contra David Racero por presunto tráfico de influencias en el Sena

El proceso judicial que busca la pérdida de investidura del representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, avanzó este miércoles en el Consejo de Estado con una audiencia pública en la que la Procuraduría solicitó no declarar su “muerte política”.

La diligencia, que duró cerca de una hora, se centró en las acusaciones contra el congresista por presunto tráfico de influencias en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). La demanda lo señala de gestionar nombramientos y encargos a favor de allegados, supuestamente apoyado en su relación con el entonces director de la entidad, Jorge Londoño, de la Alianza Verde.

Chats revelados por Daniel Coronell habrían mostrado conversaciones en las que Racero pedía cargos en el Sena, entre ellos para su tío José Luis Mayorca. Sin embargo, para la Procuraduría estos mensajes no constituyen prueba suficiente para demostrar un delito.

La delegada del Ministerio Público, Yolima Carrillo, argumentó que no se demostró de manera inequívoca la existencia de un “influjo psíquico derivado de la investidura” que hubiera condicionado las decisiones de funcionarios a favor de Racero o de terceros.

“Los hechos invocados no se adecúan de forma típica a la hipótesis normativa que regula el tráfico de influencias, por cuanto no logró probarse la existencia de constreñimiento alguno”, señaló Carrillo durante su intervención.

Añadió que, al no acreditarse los elementos objetivos ni subjetivos de la conducta, la causal de pérdida de investidura no se configura y, por tanto, la solicitud debe ser desestimada. La Procuraduría recordó que esta figura es una acción de carácter ético con consecuencias judiciales, por lo que requiere pruebas sólidas y verificables.

Durante la audiencia, el propio David Racero intervino de manera virtual sin la representación de un abogado. En su declaración aseguró que nunca ha incurrido en actos ilegales ni éticamente cuestionables.

“He sido respetuoso del sistema judicial y de la Constitución. No he cometido ningún acto irregular o falta que pueda vincularme con el delito de tráfico de influencias”, afirmó el congresista, reiterando su inocencia.

El Consejo de Estado será ahora el encargado de determinar si procede o no la pérdida de investidura. Mientras tanto, Racero enfrenta otro proceso similar en el mismo tribunal, relacionado con el caso “Fruver”, que involucra presunto uso indebido de empleados de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en actividades privadas.

El Consejo de Estado deberá emitir en los próximos días su decisión sobre si declara o no la pérdida de investidura de David Racero. Por el momento, la Procuraduría considera que no existen pruebas suficientes para configurar el delito de tráfico de influencias en su contra.