Funcionaria de la Personería de Calamar habría “entregado” a 8 religiosos a las disidencias

Se revelan nuevos detalles acerca de la masacre en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, en donde fueron asesinadas ocho personas, en su mayoría, líderes religiosos y sociales provenientes del departamento de Arauca. El hecho habría ocurrido a manos del Frente Primero de las disidencias de las Farc.

Cabe destacar que, en primer instancia, las investigaciones habrían dado cuenta de un hecho importante. Según le contó a Blu Radio Raúl Gonzáles, fiscal delegado para la criminalidad organizada “los asesinados “fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados por presuntos vínculos con el ELN, acusación sin sustento alguno según la investigación en curso”.

Los asesinados responderían a los nombres de Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón, y estaban en el lugar organizando iniciativas comunitarias que giraban en torno a actividades agrícolas y religiosas.

“Eran familias campesinas que buscaban dónde hacer una nueva vida”, afirmó al medio González, al tiempo que destacó el papel del pastor asesinado: “Predicaba en espacios comunitarios, no en una gran iglesia, pero tenía un liderazgo fuerte entre los suyos”.

El funcionario, en aquel entonces, admitió que podrían haber habido omisiones por parte del Estado, un hecho que marcaría el norte para lo que hoy se conoció:

“Desafortunadamente, siempre hay una falla. Estas situaciones no deberían ocurrir. Vivimos en unos niveles de violencia que nos exigen mayor responsabilidad como Estado frente a la protección de nuestros ciudadanos”, lamentó.

Hoy se conoció, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la captura de tres personas. El ente acusador presentó ante un juez de control de garantías a Miller Leonardo Garrafa Neira, Angie Liseth Jaramillo Arias y Jorge Eliécer Ávila, tres señalados integrantes del autodenominado frente Armando Ríos, de las disidencias de las Farc, quienes estarían implicados en el crimen.

Según la fiscalía, estas tres personas -entre las que estaría una funcionaria pública- habrían cumplido diferentes roles ilícitos en la planeación y ejecución, la desaparición y posterior homicidio de las víctimas.

Cabe señalar, también, que este caso causó la conmoción de todo el país. El presidente Gustavo Petro indicó a través de su cuenta en X que este hecho era “una grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario que tantas personas adelantan en regiones históricamente golpeadas por la violencia”.