Disidencias de las Farc anunciaron que suspendieron el proceso de liberación de los nueve contratistas y funcionarios de la Gobernación del Cauca

En la noche de este miércoles 23 de julio se confirmó la suspensión del protocolo humanitario que facilitaría la liberación de los nueve funcionarios y contratistas de la gobernación del Cauca, secuestrados por disidentes de las Farc en zona rural del municipio de López de Micay.

A través de un vídeo que los integrantes de este grupo armado al margen de la ley compartió con periodistas del suroccidente del país, se confirmó que estos ciudadanos aún están en poder de los alzados en armas, toda vez que en la zona donde permanecen retenidos, según los terroristas, “se adelantan operativos militares, los cuales truncan la entregada de los contratistas y empleados”, indicó el disidente que tomó la vocería.

Y es que luego de realizar una serie de señalamientos contra la gobernación del Cauca, por la compra de equipos tecnológicos para neutralizar drones por un valor de 4.120 millones de pesos, los alzados en armas indicaron que optaron por suspender la entregada “porque actualmente no existen las condiciones necesarias para garantizar una entrega segura y que permita el retorno de los funcionarios a sus hogares en buen estado de salud”.

Según el comunicado, los integrantes de esta organización armada al margen de la ley temen por la vida e integridad de las siete mujeres y dos hombres que permanecen en su poder, debido al presunto desembarco de tropas militares en la zona.

Este contexto bélico, afirman, “obstaculiza cualquier acción humanitaria o de diálogo que conduzca a la liberación de los retenidos, toda vez que hemos comprobado el sobrevuelo de helicópteros en el territorio, así como la llegada de fuerzas especiales por tierra, aspectos que nos lleva a la suspensión de este protocolo”, expresa el insurgente, quien es acompañado por otros cuatro alzados en arma que, parados y portando fusiles, permanecen detrás de este vocero guerrillero.

También el grupo armado ilegal sostiene que los funcionarios fueron retenidos por presuntamente estar involucrados en la entrega de tecnología a la fuerza pública en esta zona. Sin embargo, también señalaron que una vez existan garantías de seguridad, retomarán los protocolos para concretar la liberación.

Esta situación agrava la crisis humanitaria en la región y pone en evidencia los desafíos de seguridad que enfrentan tanto las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, como para quienes trabajan en esta parte del pacífico.

Mientras tanto, y buscando dejar claro que estos nueve contratistas y funcionarios no tiene relación alguna con planes militares, se adelantó una movilización en el área urbana del municipio de Miranda, en el norte del Cauca, donde pidieron la pronta liberación Manuela Caicedo Arango y de los demás profesionales, quienes terminaron en poder de este grupo guerrillero cuando el pasado 17 de julio se movilizaban por la zona rural del municipio de López de Micay.