Defensoría solicita a la Corte revisar tutela del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos

En un comunicado de 19 páginas, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional que revise la tutela interpuesta por el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, porque se le habrían violado sus derechos fundamentales.

Según expresa el documento, la Corte Suprema de Justicia le vulneró los derechos en las actuaciones judiciales realizadas contra el exgobernador por ‘parapolítica’ y que terminó con una condena en su contra por errores en los procedimientos.

Cabe resaltar que el proceso contra Ramos empezó antes del acto legislativo 01 de 2018, que garantiza la doble instancia para aforados y todo el proceso se realizó con el reglamento que se operaba antes en la Corte Suprema de Justicia.

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La Corte dejó en firme la condena de 95 meses de prisión contra el exgobernador de Antioquia, como autor del delito de concierto para delinquir agravado al haberse aliado con grupos de autodefensa, para que incidiera a favor de sus campañas al Senado de la República (2002-2006) y la Gobernación de Antioquia (2008-2011).

No obstante, la Defensoría expresa que, al no alcanzar a fallar el caso de Ramos antes de la nueva normatividad de 2018, este debía llegar en una nueva instancia como lo solicita el exgobernador en la tutela interpuesta.

“Las salas accionadas, omitieron dar aplicación a lo establecido en el acto legislativo 01 del 2018, para en su lugar, dictar la sentencia condenatoria, lo que vulneró su derecho fundamental al debido proceso”, expresa.

El exgobernador alega en la tutela, que en su proceso por ‘parapolítica’, la sala que lo condenó no fue la misma que hizo el juicio violando los derechos fundamentales al debido proceso.

Sobre esto, la Defensoría del Pueblo criticó a la Corte, debido a que este tema ha sido discutido por años. “A la fecha no se tiene una normatividad clara que regule de manera taxativa el tema bajo estudio, por lo que a la fecha el tema sigue siendo debatido y debatible, lo que ocasiona una inseguridad jurídica”.

Finalmente, aseguraron que los despachos judiciales desconocieron el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a las normas que componen el bloque de constitucionalidad.