Defensoría del pueblo rechaza “juicio revolucionario” del ELN y exige liberación inmediata de funcionarios secuestrados

La Defensoría del Pueblo, órgano constitucional que tiene como finalidad velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos dentro del territorio nacional. Expresó su rechazo y preocupación ante el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional que se encuentran secuestrados en el departamento de Arauca.

En un comunicado oficial, la entidad recordó que la privación prolongada de la libertad se configura como secuestro, y que en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) este acto se tipifica como crimen de guerra de toma de rehenes, violando los derechos fundamentales de los retenidos.

Según la Defensoría, este delito se comete cuando se priva de libertad a personas civiles o no combatientes y se condiciona su integridad o vida al cumplimiento de determinadas exigencias.

El organismo enfatizó que los funcionarios secuestrados son civiles, aunque desempeñan labores de seguridad y justicia, por lo que no pueden ser considerados combatientes ni objetivos militares. Además, advirtió que su liberación no puede depender de un intercambio humanitario, sino que debe ser inmediata e incondicional.

“La retención de estas personas constituye una de las violaciones más graves al Derecho Internacional Humanitario”, advirtió la Defensoría, que citó los Convenios de Ginebra y la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979 como normas que prohíben este tipo de acciones.

En el documento, la entidad también le hizo un llamado al ELN a cumplir el principio de humanidad, el cual es la piedra angular del Derecho Internacional Humanitario.

Dicho principio vincula todas las partes del conflicto armado, sean estatales o no: “Ningún grupo armado puede justificar sus actos en razones políticas, militares o ideológicas cuando estos implican violaciones a los derechos humanos”, señala el pronunciamiento.

La entidad le pidió “la liberación inmediata e incondicional de los funcionarios, así como el cese absoluto de cualquier amenaza, juicio o trato degradante en su contra”.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno Nacional, al Alto Comisionado para la Paz y a los organismos internacionales a redoblar los esfuerzos humanitarios y diplomáticos que permitan la liberación pronta y segura de los secuestrados.

Reiteró su llamado al cumplimiento de las normas internacionales que protegen la vida y la dignidad humana, rechazando cualquier tipo de amenaza, juicio o trato degradante contra las víctimas, sin importar ocupaciones, ideologías o estratos socioeconómicos.