Defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre crisis humanitaria en Cauca: “El tiempo que pierde el Estado, lo ganan los grupos armados”

Tras la publicación del informe ‘Cauca: voces que resisten 2024-2025’, la defensora del Pueblo, Iris Marín, habló con El País sobre la difícil situación humanitaria que enfrenta el departamento, uno de los más golpeados por la violencia.

A pesar de las intervenciones del Estado, el Cauca sigue en conflicto. ¿Qué está sucediendo?

El Cauca es uno de los departamentos con mayor índice de concentración de la tierra; esto quiere decir que no hay suficiente tierra y territorio para todas las personas y, sobre todo, que tiene una diversidad de pueblos indígenas, afrodescendientes y también campesinos.

A su vez, los niveles de pobreza son más altos que en el resto del territorio nacional.El Pacto Cauca finalmente se logró lanzar en septiembre de este año; es bueno que se haya hecho, pero preocupa un poco que ya sea en el último año del Gobierno cuando esta era una estrategia que estaba prevista desde el Plan Nacional de Desarrollo en el primer año.

¿La frontera entre Valle y Cauca desapareció para grupos armados?

No. De hecho, al interior de cada uno de los departamentos hay dinámicas distintas, subregiones que tienen unos niveles de intensidad de la presencia de los grupos armados distintos, entonces no se podría igualar.

Sí hacen parte de una subregión del país, que es el Suroccidente, que está marcado por unas dinámicas importantes y complicadas. La región del Suroccidente, podríamos decir, es la región del país donde más preocupación se genera a la luz de los riesgos de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

¿Qué grupos hacen presencia en la zona?

Tenemos presencia de las disidencias, principalmente las de la línea de alias Iván Mordisco, el denominado Estado Mayor Central (EMC). También hay una disidencia independiente que es el Frente 57, está el ELN, está la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, tenemos también la Segunda Marquetalia y, en un nivel de incidencia más intermitente, el Estado Mayor de los Bloques y el Frente.

Además, tenemos un importante número de grupos de criminalidad organizada transnacional, inclusive hacia México o hacia Ecuador, y esto hace que haya una suerte de asociaciones entre los grupos que hacen parte del conflicto armado, que controlan las zonas de minería ilegal y de narcotráfico.

Entonces, esta dinámica es propia de todo el Suroccidente. Cali, por ejemplo, en donde recientemente expedimos una alerta temprana, se ve que es una ciudad que, por ser la principal de la región, es también un punto de llegada no solo de las economías ilícitas y de esta presencia de grupos, sino también del impacto en la población civil, el desplazamiento forzado, el reclutamiento y muchas formas de violencia, lo que genera una victimización en toda la región.

¿Cuál grupo tiene mayor control territorial?

Tal vez uno de los grupos armados que más influencia tienen son las disidencias del EMC, es decir, las de ‘Mordisco’. Hay que decir también que este grupo ha tenido un enfrentamiento importante por parte de la Fuerza Pública, especialmente durante lo que va corrido del año y eso ha generado una cierta reducción de la capacidad de este grupo. Una preocupación adicional de parte de ellos en el tema de gobernanza ilegal es que están generando unas coacciones fuertes frente a las comunidades para que traten de sacar a la Fuerza Pública.

En el departamento también están el ELN y la Segunda Marquetalia. Aunque no se encuentran en el Cauca, en el Valle sí está el Clan del Golfo, que ha llegado desde el Chocó, lo que quiere decir que tenemos diferentes niveles de intensidad de la acción de los grupos armados.

¿Cómo se manifiesta la gobernanza ilegal de estos grupos?

La gobernanza ilegal es el nivel de control del territorio y de la población que logran los grupos armados, que hace que expidan y regulen normas de convivencia, de comportamiento, horarios, multas por el hecho de no acatarlas, es decir, una verdadera reglamentación de toda la vida civil. Esto está generando unos riesgos especialmente altos en los líderes sociales, en el Cauca y toda la subregión del Suroccidente vemos que es una de las más afectadas por esta problemática, porque quien se separa de las directrices de los grupos tiene unas represalias complicadas que van desde el desplazamiento hasta el homicidio.

Muchas veces las poblaciones y sus líderes lo único que les queda es realmente aceptar esa gobernanza, no porque estén de acuerdo, porque muchas veces hay estigmatización y se dice que la gente está apoyando, pero hay que tener en cuenta que no están en condiciones de libertad para rechazar el dominio de los grupos armados ilegales.

Hay múltiples alertas tempranas. ¿Por qué no se atienden con urgencia?

En el Valle tenemos, por ejemplo, las dinámicas de Buenaventura, del Bajo Calima y de Jamundí. La preocupación que hemos tenido es que la respuesta institucional a las alertas tempranas, que coordina el Ministerio del Interior, suele no ser tan enérgica y pertinente como se requiere. De acuerdo con el procedimiento establecido, la Defensoría del Pueblo hace el diagnóstico, identifica los problemas, expide la alerta y la entrega al Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, que tiene que convocar a un comité de respuesta rápida (Ciprat) y allí se hace un plan de acción para atender las recomendaciones y enfrentar este diagnóstico.

Generalmente, ese procedimiento se sigue, pero lo que vemos es que las entidades y las instituciones llegan a la Ciprat; sin embargo, no se genera una acción novedosa.

¿Hay riesgo de que el Valle caiga en la espiral humanitaria del Cauca?

El Cauca es un departamento muy crítico, pero yo no le bajaría el nivel de preocupación al Valle. Municipios como Jamundí, la zona del Bajo Calima, todo el corredor hacia Buenaventura y el San Juan viven situaciones de enorme preocupación. Cali tiene una alerta muy reciente; esto quiere decir que, aunque en el Valle el nivel de intensidad de los riesgos para la gente no es tan extendido en todos los municipios, hay unos que generan igual o mayor preocupación que en el Cauca, y hacen parte de una sola dinámica. Lo que ocurre en el Cauca se extiende al Valle y hasta Nariño, por eso hay que analizarlo en su conjunto.

Hay fallas en la sustitución de cultivos. ¿Hay municipios donde esté funcionando la sustitución?

Sí, la Corte Constitucional en 2023 expidió una alerta porque se estaban incumpliendo los pactos de sustitución de cultivos ilícitos, especialmente los colectivos en varias partes del país, y el Departamento del Cauca no está exento de eso.

Nosotros pudimos ver que, efectivamente, en el tema de sustitución sigue habiendo unos problemas de retrasos a pesar de las sentencias de la Corte Constitucional. Hay una serie de acciones de parte de la Dirección de Cultivos de Uso Ilícito, pero vemos que no hay suficiente acción. Por ejemplo, vimos que en alrededor de 13 municipios que tienen acuerdos colectivos, en solo cuatro se han vinculado individualmente a las personas y que han generado ya una atención efectiva.

¿Qué otros retrasos se han presentado?

El informe da cuenta de que sigue habiendo un retraso significativo, especialmente en la entrega de proyectos de autosostenimiento, de seguridad alimentaria y en proyectos productivos. Además, algunas familias, si bien han recibido un monto de dinero, es muy inferior a los recursos que están previstos y esta lentitud en los programas es crítica porque los grupos armados tienen una mayor agilidad que el Estado y el tiempo que pierde el Gobierno en llegar es el que ganan los grupos armados con estas economías que son productivas y que ponen a la población en una situación difícil.

¿Qué se propone para garantizar que las escuelas sean espacios seguros?

El tema de educación es fundamental en todas las zonas donde está creciendo el reclutamiento de uso ilícito. El Cauca es el departamento con mayores índices de reclutamiento forzado, que a su vez afecta principalmente a niñez afrodescendiente y, sobre todo, a la niñez indígena. El año pasado, Cauca tuvo alrededor del 60 % de los casos de reclutamiento que se presentaron en todo el país y allí hay varias situaciones relacionadas con los entornos educativos.

A veces los niños y las niñas tienen que caminar por largas horas sin transporte escolar y esto no solo afecta que puedan permanecer en el colegio, sino que esos trayectos se convierten en un riesgo para que los grupos armados los aborden y los persuadan. El Plan de Alimentación Escolar también es muy importante para que haya permanencia y el nivel de deserción en el Cauca baje. Una de las recomendaciones más importantes está relacionada con la atención en el sector educativo; aquí es fundamental el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación para enfrentar y garantizar no solo que los niños sigan yendo al colegio, sino que las rutas sean seguras y que no haya reclutamiento dentro de los planteles.

¿Y qué mecanismos propone también la Defensoría para garantizar que la atención médica no sea interrumpida por los grupos armados?

Una de las cosas que vimos en el informe es que Cauca tiene un alto nivel de afiliación en salud, pero un porcentaje muy importante de la población está en el régimen subsidiado y eso no está mal, porque sí se requiere, eso es lo que debe hacer el Estado, pero muestra una alta dependencia económica del régimen subsidiado porque la gente no tiene la capacidad de proveerse sus propios servicios médicos. Esto se agrava también por el tema de la presencia de los grupos armados que hacen afectaciones a la misión médica y redunda en patrones de violencia relacionados con limitaciones al acceso a la salud y por la instalación de minas antipersonal que hace que el tránsito de las misiones no sea tan fácil como debiera ser para atender las necesidades de salud.

Eso genera demoras en atención, suspensión de servicios, cancelación de brigadas y retrasos en los traslados. Hay recomendaciones dirigidas a la Gobernación, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con fortalecer la red pública, sistemas de monitoreo de riesgos de seguridad que puedan interrumpir la atención y la acción humanitaria en salud.

¿Cuál es su mensaje para los habitantes del Cauca?

El departamento del Cauca, que tiene muchísima riqueza cultural, en recursos naturales y en sus comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, es un departamento muy vivo desde la perspectiva social de los movimientos, de sus propuestas, y lo que nosotros vemos también aquí es una oportunidad importante de poder llevar a cabo e implementar el Pacto Cauca, que busca atender estas causas estructurales de pobreza, de marginación, de discriminación histórica y creemos que es importante poder impulsar la implementación de este pacto y defenderlo.

Nosotros creemos que sí es posible reversar esta situación, a pesar de que no haya muchos procesos de paz en curso y que la paz se haya demorado. Ahora la acción humanitaria, la implementación del Pacto Cauca y la fortaleza y respaldo a los movimientos sociales pueden ser la esperanza para el departamento.