Consejo de Estado niega medida cautelar que solicitaba Pastor Alape sobre bienes de las Farc

El Consejo de Estado negó la solicitud de suspender las obligaciones que el Gobierno Nacional le impuso a las antiguas Farc para la elaboración de un inventario de los bienes de esa organización y tenerlas bajo su custodia hasta que se cumpla el proceso de entrega como acto de reparación a las víctimas del conflicto armado.

Pastor Alape, ex guerrillero de las Farc, presentó una medida cautelar que pretendía la nulidad de algunos apartes de tres decretos con los cuales, el Gobierno reglamentó las obligaciones de los desmovilizados responsables del inventario, pactado en el acuerdo de paz en Cuba. A ese proceso se anexó una solicitud para suspender estas directrices, mientras se hace el juicio de fondo sobre su juridicidad.

Para Pastor Alape, imponer la obligación de realizar el inventario, cuidado y entrega de los mismos, va más allá de los compromisos asumidos por los desmovilizados en el acuerdo de paz.

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A su juicio, con esta imposición el Gobierno "no solo desbordó sus competencias sino que desatendió el deber de cumplir, de buena fe, el pacto que puso fin a las hostilidades entre la fuerza pública y las Farc, y que dio lugar a la reincorporación de sus militantes a la vida civil", a su criterio, los exguerrilleros de las Farc tenia dentro de sus competencias solo de elaborar el inventario e informar la ubicación de los bienes.

El Consejo de Estado negó esta solicitud, indicando que las normas expedidas por el Gobierno estaban dentro de su competencia y que el Presidente de la República fue facultado para expedir los reglamentos necesarios con el objetivo de materializar el fin del conflicto.

Además consideró que, los deberes impuestos a los desmovilizados para garantizar la entrega de los bienes, son necesarios para atender las normas pactadas en el acuerdo de paz, para permitir su entrega e incluirlos en un patrimonio autónomo, que constituirá un fondo de víctimas.

Sin embargo, esta decisión no es definitiva, ya que se debe estudiar de fondo si se ajusta o no al ordenamiento jurídico. Las pretensiones de Alape, serán escuchadas en audiencia citada por el magistrado Roberto Serrato. Allí expondrá además, que el Gobierno tiene la tarea de hacer efectivo esos bienes en un patrimonio autónomo, con el que las víctimas serán las beneficiadas.