Bandas criminales en Cali: Así es el ‘modus operandi’ para reclutar jóvenes en el oriente

El pasado 28 de agosto Cali fue testigo de cómo la violencia ejercida por bandas criminales en el oriente ha escalado hasta niveles inéditos, cuando un atentado en el sector de El Retiro dejó como saldo dos personas muertas y varias heridas.

Según la Policía Metropolitana, el ataque incluyó el uso de fusiles y pistolas, y fue dirigido contra una camioneta de alta gama en la que iba alias Chinga Pipe, uno de los cabecillas de dos de las organizaciones criminales que están en disputa por el control de las rentas ilegales en ese sector de la ciudad.

Esta es una de las más recientes postales que ha dejado la falta de presencia institucional, un hecho que, aunado a las lógicas de reorganización propias de grupos armados que se benefician de rentas ilegales como el narcotráfico, han sumido al oriente en una de las crisis más fuertes del año en materia de seguridad.

Para Carlos Javier Soler, coronel retirado del Ejército, asesor y consultor en seguridad, estos hechos responden a dinámicas de violencia y control territorial que datan de años atrás, y que tienen como principales víctimas a menores de edad, quienes son reclutados por parte de estas organizaciones al margen de la ley, aprovechando dificultades estructurales de la población.

“La mayoría de mujeres allá son madres cabezas de familia con dos o tres hijos y tienen que tomar la decisión todos los días de ir a trabajar para traerles su sustento. Esos niños quedan con 12 y 13 años en las canchas y los parques de los barrios, vulnerables a que llegue un hombre en una camioneta último modelo y les ofrezca una propuesta de trabajo vendiendo drogas en las plazas”, explica.

Según Soler, posteriormente las bandas criminales instruyen a los adolescentes en prácticas delictivas y, dependiendo de las habilidades que muestren, les ofrecen tareas que pueden ir hasta el sicariato. Esta lógica tiene un impacto directo en la mente de muchos de ellos.

“La ilusión de muchos niños, que no asisten al colegio, es tener una moto y una pistola para ganar dinero”, apunta.

Añade el experto que hay otro aspecto importante a considerar: muchos de esos infantes y adolescentes no cuentan con una figura paterna al interior de sus hogares: “Son jóvenes que tienen muchas necesidades en las casas y en estas bandas dedicadas a la extorsión, al narcotráfico y al microtráfico, consiguen una familia que no tienen, consiguen protección”.

Por su parte, Carlos Rojas, exsecretario de Seguridad de Cali, opina que la capital vallecaucana, al igual que Medellín y Bogotá, cuenta con asentamientos incompletos, en donde se han erigido lo que hoy son barrios populares habitados por jóvenes desempleados, lo que los hace más volubles ante las tentativas de grupos armados al margen de la ley, ante la idea de una ascensión social rápida.

“De ahí vienen las promesas que hacen estos grupos, de darles un salario y, en el caso de las mujeres, actividades de prostitución”, dice.

“Según informes de Naciones Unidas y alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, así como información de inteligencia recogida por la Policía Nacional, se estima que en Santiago de Cali operan -identificadas plenamente- siete tipos diferentes de organizaciones criminales, y casi 200 agrupaciones vinculadas a dichas organizaciones, que dinamizan las actividades ilegales”, dice María Ximena Román García, también exsecretaria de Seguridad de Cali.

De esas 200 agrupaciones, asegura Soler, hay aproximadamente 60 asentadas en el oriente.

No es un hecho aislado. Históricamente caracterizada por la ausencia del Estado, esa zona de la ciudad ha sido uno de los puntos de convergencia para grupos armados ilegales, que han aprovechado la fragmentada presencia institucional para hacerse a un lugar en medio de estas poblaciones, configurando lógicas al interior de las mismas.

Felipe Fernández, consultor en seguridad, dice que este escenario ha permitido que ilegales asuman tareas que les corresponden a las administraciones locales.

“Hay una competencia establecida por el control de horarios en el día a día, mediación de conflictos e imposición de normas sociales. Como resultado de estas dinámicas, se da una forma híbrida de gobernanza, donde lo legal y lo ilegal se entrelazan”, explica.

Según el experto, algunas de las formas en las que dichas estructuras criminales intentan imponer su ley en el oriente de la capital vallecaucana son las fronteras invisibles y el uso de violencia como método de disciplinamiento en la población.

“Esto genera zonas donde el control estatal es mínimo en algunos casos y la movilidad social está condicionada por la relación con los grupos armados, con las estructuras de crimen organizado o con pandillas, dependiendo del actor que se encuentre en el territorio”, añade.

Para Jairo García, actual secretario de Seguridad y Justicia de Cali, la diversificación de rentas ilegales también se traduce en las condenas de aquellos que resultan capturados en operativos, lo que da cuenta de la complejidad del asunto.

“Tras la desarticulación, la mayoría de ellos terminan siendo condenados por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, tráfico y porte de armas y extorsión”, precisa.

Este escenario, según Carlos Rojas, ha tenido como epicentro las comunas 13, 14 y 15 (ubicadas en lo que se conoce como el Distrito de Aguablanca).

El exsecretario de Seguridad sostiene que dichas estructuras criminales acuden a diversas formas de financiamiento: cobros, gota a gota (préstamos de dinero que se dan por fuera del sistema bancario, entre particulares), alquiler de armas y robo y venta de municiones.

En esto concuerda Soler, quien aclara que todo esto está recogido por la sombrilla de las actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, tanto a nivel micro como a nivel macro.

La influencia del aumento en los cultivos ilícitos

Para Román García, la evolución que han tenido en tiempos recientes las bandas delincuenciales que participan en las economías ilícitas de las drogas tiene relación directa con el recrudecimiento de la violencia en el oriente de la capital del Valle del Cauca debido a la ubicación estratégica de Cali como corredor de estas rutas de narcotráfico, lo que a su vez impacta en las comunidades.

“Estos grupos armados ilegales se disputan, además, los corredores de salida de la droga hacia el Pacífico colombiano”, anota.

Este hecho resulta de vital importancia, dadas las dinámicas de reorganización al interior de las bandas dedicadas al narcotráfico en el Valle del Cauca y la llegada de mafias internacionales provenientes de países como Ecuador, Italia, España y Países Bajos, indican las fuentes.

“Las bandas urbanas en la ciudad actúan como intermediarios, contratistas u ‘outsourcing’ criminales de esas estructuras, que dan respuestas a cualquier necesidad que ellos (los integrantes de dichas mafias) estén requiriendo en el momento, como almacenamiento, distribución local, vigilancia y seguridad del cargamento”, explica Felipe Fernández.

Mientras, Carlos Soler añade que, además de esas nuevas estructuras criminales, también hay que considerar a excapos que han regresado al país luego de pagar sus condenas en los Estados Unidos, todo esto con el fin de recuperar el terreno perdido y encontrar en la población vulnerable su principal blanco.

Frente a esta problemática, las autoridades han buscado redoblar esfuerzos, entre la Policía y la Secretaría de Seguridad de Cali.

Según datos suministrados por la Policía Metropolitana, en el oriente de la ciudad -con corte al 8 de septiembre del presente año- se han realizado 46 operativos, los cuales han presentado 422 capturas (356 con orden judicial, 37 en flagrancia y 29 mediante imputaciones), además de 472 allanamientos.

Mientras, desde la Secretaría de Seguridad, los esfuerzos le apuntan a programas que disminuyan los índices de incidencia de esas bandas criminales en la población civil, especialmente la joven.

“A través de la política pública de seguridad, estamos muy activos en programas de prevención de violencia de jóvenes para evitar la instrumentalización y la participación de estos en la criminalidad”, afirma el actual Secretario de Seguridad y Justicia.

Para Carlos Rojas, las políticas que se creen con el objetivo de enfrentar estas problemáticas en el oriente y otras zonas de la ciudad deben apuntarle a ir más allá del periodo de cada alcalde.

“Si uno quiere impactar a una generación, para ver transformaciones estructurales en la convivencia y en la vida social de los jóvenes, tendría que hacerse una política que tenga una vocación de por lo menos diez a quince años, que involucre a los sectores educativos y de salud, y que tenga los recursos suficientes”, opinó.