Más empresas de energía y gas podrían entrar en crisis; la Contraloría hace grave advertencia sobre futuro del sistema

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reiteró el llamado urgente a la acción de los ministerios, superintendencias y al Gobierno Nacional por el riesgo que hay de que más de 10 millones de colombianos se queden sin energía.

Según el ente de control, se deben adoptar medidas urgentes para prevenir y solventar las afectaciones del servicio público “y evitar el riesgo sistémico que se cierne sobre ese sistema”.

Durante el congreso de Confecámaras, dijo que la Contraloría reitera su preocupación ante la gravedad de la situación que se sigue evidenciando en la prestación de este servicio público, considerando los diferentes estudios y análisis realizados por este ente de control y lo que expresan distintas empresas prestadoras de servicios, que han tenido dificultades para que se les gire lo que corresponde a la opción tarifaria y subsidios por parte del Estado y al pago de facturas por parte de algunas entidades estatales que les adeudan una cartera considerable.

Agregó que “como lo hemos venido advirtiendo, si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios, el desarrollo económico del país, en especial en toda la Costa Caribe y por ende, los ingresos al presupuesto nacional derivados de diferentes conceptos”.

Según el Contralor, la intervención de la empresa de energía Air-E, que presta el servicio en una parte importante de la Costa Atlántica, se puede presentar en otras empresas como el caso de Afinia, que también tiene un número de usuarios significativo en la Costa Atlántica, y que al perjudicarse financieramente, afectaría además a otras empresas como EPM y las finanzas del Municipio de Medellín y el departamento de Antioquia.

“Una nueva intervención a otra empresa le podría costar al gobierno nacional $4 billones al año, que corresponde al déficit de operación por ejemplo de las dos compañías Air-E y Afinia, para solventar no solo su operación sino también las inversiones y garantizar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad necesarios”.

Advirtió también que la posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la Costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes.

“El no pago oportuno a los prestadores del servicio, desincentiva la prestación del servicio de energía, así como en lo que compete al Caribe Colombiano, pone en riesgo importantes avances en lo que corresponde a la calidad del servicio de energía y cobertura como ya lo había manifestado la Contraloría General de la República en recientes y anteriores pronunciamientos y estudios sectoriales”.