"La seguridad jurídica del país está siendo pisoteada": Francisco José Lloreda

Esta semana el fracking volvió a ser noticia por cuenta de la eliminación del artículo 210 de la ley de regalías que, luego de la conciliación de los textos, está a punto de ser aprobada en el Congreso de la República.

Dicho artículo mantenía, para las empresas que llegaron al país desde 2012 a invertir en la extracción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales, un pago de regalías diferencial del 60% y no del 100% de llegar a la fase de explotación comercial.

Francisco José Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, considera que la decisión del Congreso de eliminar el artículo es infortunada y que se gestó a partir de información engañosa.

Indicó además, que “el mensaje que le han enviado al país es que en Colombia la seguridad jurídica no vale y que esta puede ser pisoteada”.
El fracking es una técnica de extracción de petróleo y gas, a partir del fracturamiento horizontal de la roca en la que se produce, con presión de agua.

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¿Cómo analiza la decisión del Congreso de eliminar el artículo que generaba un estímulo a la exploración de yacimientos de hidrocarburos no convencionales?

Hay una confusión alrededor del tema. La ley de regalías que se está buscando reformar es la 1530 del 2012, expedida durante el gobierno del presidente Santos.

Esa norma estableció una menor regalía para las empresas que invirtieran en exploración y desarrollo de yacimientos no convencionales del país; esa regalía -derecho que se paga por explotar un recurso no renovable- del 60% se hizo para incentivar la llegada de inversión extranjera, en una época de mucha competencia en la industria petrolera.

Y dio resultados, bajo esa regla de juego, llegaron al país alrededor de 10 empresas, confiando en la seguridad jurídica de nuestro país.

¿Por qué cree que el Congreso elimina ese beneficio?
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Se generó confusión a partir de la desinformación que algunos congresistas provocaron. Lo que correspondía, en un país donde la seguridad jurídica ha sido un activo, era mantener esa regalía diferencial.

Por eso el Gobierno, con absoluta seriedad y responsabilidad, insistió en mantener ese artículo, que viene de la ley de regalías anterior; respetar esa regla de juego para quienes decidieron invertir bajo esa condición desde 2012. Y propuso que para quienes a futuro desarrollen yacimientos no convencionales, si así lo recomiendan los proyectos pilotos de investigación, paguen el 100% de la regalía pertinente.

“Solo en el caso de los proyectos piloto de investigación, si pasan a la fase de explotación, podrían, de manera gradual, aportar 450.000 barriles diarios”.

Es decir, se mantenía la regla de juego para los que ya estaban en el país...
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Sí, darle seguridad jurídica a los inversionistas que creyeron en Colombia. Infortunadamente, esa realidad se tergiversó y de manera hábil pero engañosa se le dijo al país que era un mico y que de incluirse ese artículo, se autorizaría el fracking.

¿No se autorizaba el fracking?
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El artículo no autorizaba ni tampoco desautorizaba el fracking. Se limitaba a respetar una regla del juego a quienes tienen un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada, en la eventualidad de llegar a una fase de explotación comercial.

¿Cree que se manipuló la información?
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Y a la opinión pública. Se volvió viral que se trataba de un mico y que se estaba dizque autorizando el fracking, y eso generó una presión mediática efectiva sobre muchos congresistas.

Con el respeto que merece el Congreso, el mensaje que están a punto de enviarle al país es que en Colombia la seguridad jurídica no vale y que esta puede ser pisoteada.

Pero, ¿el fracking está autorizado en Colombia?
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El fracking en Colombia fue autorizado hace 10 años, durante el gobierno del presidente Santos; se incluyó en los planes de desarrollo de 2010 y 2014, y ese mismo gobierno expidió la regulación técnica, ambiental y contractual para la exploración con fines comerciales y la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) ofertó y asignó áreas, suscribió contratos, que están vigentes, y que otorgan derechos.

Luego una de las piezas regulatorias, la de carácter técnico, fue demanda y el Consejo de Estado, en su saber y entender, decidió suspender esa regulación de manera cautelar. Pero el mismo alto tribunal señaló que podían realizarse los proyectos piloto de investigación, y es en lo que se está trabajando.

¿Con esa decisión del Congreso, los proyectos pilotos de fracking, pendientes en el país, no tendrían ese beneficio de pagar solo el 60% de los derechos de explotación?
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Esperaría que el Gobierno Nacional, encuentre la manera de darle seguridad jurídica a las empresas que llegaron al país y durante tantos años invirtieron bajo esa regla de juego.

Estas han invertido recursos importantes y tienen previsto mucho más, incluyendo a Ecopetrol, US$600 millones en los pilotos.

¿En qué van los proyectos pilotos?
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El Gobierno expidió un decreto marco para los pilotos y, a partir de este, inició la expedición de una regulación especial. Es más, hace una semana el Consejo de Estado negó una solicitud de medida cautelar contra ese decreto lo que le permite a la Nación seguir adelante.

¿En qué va la regulación?
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Se expidió la regulación técnica y la social y están en proceso la ambiental, la contractual y la referente a sísmica. Ecopetrol y las privadas están pendientes de estas piezas regulatorias para analizarlas en su conjunto. De ser razonables, dado el alcance de los pilotos, se pasaría a los aspectos contractuales.

Pero en el país hay una fuerte oposición al fracking …
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Cada vez menos. Los colombianos han ido entendiendo el tema y que deben hacerse los pilotos. Lo que sucede es que muchos de los contradictores del fracking no quieren que los proyectos se hagan; le tienen miedo a la ciencia y a la técnica, por una razón, si los resultados son positivos, quienes llevan años desinformando quedarán como quienes causaron un temor infundado e innecesario, en momentos en que las reservas de petróleo y gas son tan limitadas.

Con el agravante, que de perder la autosuficiencia en hidrocarburos, quienes van a pagar los platos rotos somos los colombianos, con servicios públicos más costosos, menos recursos para inversión pública, y más impuestos. Es decir, más pobreza.

¿Este año cómo le ha ido al sector petrolero, en medio de la pandemia?
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Se juntaron una crisis de oferta y una demanda. En abril la demanda de petróleo a nivel mundial cayó 30% y los precios se fueron al piso.

La producción de Colombia, que se esperaba fuese de 890.000 barriles, en junio estaba en 729.000 barriles.

De no ser por unas medidas de choque del Gobierno, que le permitieron a las empresas un poco de caja, la situación sería caótica.

Y hemos identificado con el Presidente Duque y con el Gobierno, medidas no solo para impulsar esta industria sino para que contribuya a la reactivación económica del país.