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Exfiscal Eduardo Montealegre explica por qué se debería tramitar una constituyente
Montealegre asegura que es una idea que viene proponiendo desde hace tiempo.
Por Camilo García/Colprensa
Aunque el presidente Gustavo Petro insiste en negar que esas sean sus intenciones, personas cercanas a él siguen moviendo la idea de convocar una asamblea constituyente y de paso que en ella se discuta la posibilidad de reelegirlo o al menos de ampliar su periodo de Gobierno.
En entrevista con Colprensa, asegura que es una propuesta que presenta simplemente como ciudadano, pero en sus tesis principales coincide con las que han promovido el excanciller Álvaro Leyva y la senadora Isabel Cristina Zuleta, entre otros: que la Constitución de 1991 ya no es útil, que los acuerdos de paz no se pueden cumplir a menos que se convoque una constituyente y que una élite política es la que no está dejando gobernar al presidente Petro, tesis que, como se ha advertido desde diferentes sectores, son muy peligrosas para el estado de derecho.
¿Por qué a un ciudadano y un académico, como usted mismo se define, se le ocurre una mañana salir a proponer que se haga una asamblea constituyente? No es fácil creer que esto no está coordinado con el Gobierno.
Este es un tema que yo he venido sosteniendo hace mucho tiempo. Desde que era fiscal general de la Nación y con Álvaro Leyva hemos venido sosteniendo esta posición de la naturaleza de los Acuerdos, lo sostuve como fiscal y además como fiscal sostuve, ya hace muchos años, la necesidad de hacer una constituyente al menos para reformar la justicia. Luego esto no son propuestas nuevas de mi parte.
Los negociadores del Gobierno y las Farc han insistido en que nunca se acordó una asamblea constituyente. ¿De dónde sacan ustedes que el Acuerdo de Paz ordenó realizarla?
La idea se fundamenta en una expresión que se encuentra en la parte introductoria de los Acuerdos, donde se dice que es una obligación del Estado colombiano convocar a un gran acuerdo político nacional. Un acuerdo que tiene la finalidad de hacer los diseños institucionales que necesita Colombia para su desarrollo. Entonces, a partir de esa frase, se puede interpretar que una de las alternativas posibles que tiene el Estado colombiano para desarrollarlos es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
En derecho las palabras tienen un significado muy preciso. ¿No son dos cosas muy distintas un acuerdo político nacional y una asamblea constituyente?
Esa disposición del acuerdo tiene que interpretarse como toda norma jurídica constitucional, con lo que se ha denominado una interpretación que tenga en cuenta el efecto útil. Es decir, que cuando se analiza una norma constitucional no se pueden hacer interpretaciones que la vuelvan inocua sino, por el contrario, que la vuelvan eficaz y operativa.
Si la palabra acuerdo político nacional se interpreta simplemente como una deliberación pública sin fuerza vinculante, pues pierde toda la efectividad. La única forma de que un acuerdo nacional termine realmente con efectos de rediseños normativos y con impulsos del cambio de instituciones, o al menos el rediseño de las nuevas instituciones que tiene Colombia, es entendiéndola como una Asamblea Nacional Constituyente.
Esa interpretación es distinta a la que precisamente tienen los negociadores y otros sectores políticos…
Realmente siempre ha existido una divergencia de criterios entre sectores de opinión y sectores políticos frente a la naturaleza de los Acuerdos. El presidente Santos y su equipo negociador consideran que los Acuerdos no son normas jurídicas, sino que son eminentemente un instrumento político.
Por mi parte, lo mismo opina el excanciller Leyva, creemos que los acuerdos de La Habana sí son normas jurídicas porque, primero, las Farc y el Gobierno Nacional antes del Acuerdo Final establecieron que estos acuerdos tenían la naturaleza de acuerdos especiales, lo que significa que son desarrollo de los convenios de Ginebra de DIH y por esa vía se introducen a la Constitución colombiana a través de una figura que se llama bloque de constitucionalidad.
Pero además porque el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando culminó el proceso de paz, hizo una declaración unilateral de Estado ante Naciones Unidas presentando el texto de los Acuerdos. Lo que crea obligaciones.
¿Por qué se habla de que la asamblea constituyente tendría la potestad, entre otros temas, de ampliar el periodo presidencial o permitir la reelección inmediata?
Porque una asamblea constituyente tiene la capacidad de transformación más amplia que tiene el derecho colombiano, lo que significa que tiene potestades ilimitadas para modificar, inclusive si se quiere, todo un texto constitucional.
Alemania, por ejemplo, trae una figura que se llama las cláusulas pétreas que implican que ni siquiera una Constituyente puede modificar ciertas cláusulas de la Constitución, por ejemplo la dignidad humana.
Nosotros no tenemos eso, entonces la Constituyente tiene la más amplia capacidad normativa posible y, por lo tanto, si hay una Constituyente, esta tiene la posibilidad de ampliar el periodo presidencial o puede aceptar la reelección inmediata.
Usted fue magistrado de la Corte Constitucional. ¿Sí cree que la Corte aprobaría algo así?
La Constitución de 1991 nació producto de un decreto de estado de sitio, la Constitución del 1886 no permitía modificar la Constitución, al menos literalmente a través de una asamblea Constituyente y mucho menos que se hiciera a través de un decreto, sin embargo, se hizo. Y el punto fue muy debatido, pero en últimas primó una correcta interpretación de la Corte en darle poder al pueblo y al veredero poder constituyente, luego eso no es exótico.
Pero antes de que llegue a ese punto, considero que debe empezarse un proceso Constituyente en el sentido de que todas las organizaciones sociales, obreros, campesinos, sindicatos, profesores, maestros, intelectuales e instituciones, empecemos el proyecto. Es decir, que los colombianos digamos que es lo que necesitamos que cambie, cuáles son los rediseños que necesita Colombia para cumplir los Acuerdos de Paz y para avanzar también en otros desarrollos.
Todo esto a través de un acuerdo político nacional, el cual no es entre las elites, no es entre los partidos y no es entre expresidentes, estos son lo de menos. Aquí lo que hay es que construir una Constitución desde abajo, con el pueblo, que sea la soberanía popular, el verdadero poder constitucional, que se exprese que saquen las iniciativas y luego el presidente las recoja, señale los límites, vaya a la Corte, y luego se den las votaciones populares.
¿Es decir, que esa Constituyente debe modificar también las bases sociales?
Desde luego, es que eso es lo importante de una asamblea constituyente. En este momento el Congreso de la República se convirtió en un obstáculo para el cambio, un obstáculo para que el presidente pueda cumplir el mandato claro de más de 11 millones de colombianos, que es un mandato progresista y de transformación Social. El Congreso no quiere, las elites no quieren, la ultraderecha colombiana no quiere, muchos empresarios no quieren. Entonces estamos ante una sociedad bloqueada.
Yo creo que la Corte Constitucional ha definido muy bien el modelo de la Constitución colombiana y es economía social de derecho, el cual hay que seguir desarrollando. Por eso, hay que reestructurar la justicia, hay que restablecer el equilibrio de poderes, hay que hacer una gran reforma política, hay que profundizar las autonomías de las regiones, porque nosotros vivimos todavía enmarcados y anclados en la Constitución de 1886 que era eminentemente centralista. Yo creo que hay unos grandes debates que tienen que darse y solo se puede hacer a través de Constituyente.
Si el presidente mismo dice que no es el momento para una asamblea constituyente, ¿por qué seguir insistiendo en ello?
Porque este es un debate que tiene que hacer la ciudadanía, el pueblo colombiano, independientemente de la dirección de los partidos políticos, de la coyuntura o de quién es el presidente. Este es un tema que tiene que abordarse nuevamente, yo sí creo que ya la Constitución del 1991, siendo una magnífica carta, es insuficiente para los desafíos del siglo XXI y los que debemos construir su rediseño, somos todos los colombianos. Por eso, independiente de si el presidente está o no de acuerdo, o el ministro de justicia, somos los colombianos los que debemos impulsar el proceso.
