¿Qué pasará con el ‘decretazo’ de la consulta popular? Registraduría tomará decisión esta semana

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0639 que convoca al mecanismo de una consulta popular para el próximo 7 de agosto.

Lo anterior, se realizaría con el objetivo de que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre la reforma laboral.

Esta acción fue tomada luego de que la iniciativa del Gobierno Petro se hundiera en el Senado tras una votación el pasado 14 de mayo, en la que la mayoría parlamentaria se pronunció en contra.

Registraduría tendrá una importante decisión

Desde Puerto Carreño, Vichada, donde supervisaba elecciones, el registrador nacional Hernán Penagos anunció que la entidad se encuentra analizando a fondo el decreto presidencial.

Asimismo, dijo que analizará las decisiones tomadas por parte del Senado y las múltiples acciones judiciales interpuestas en su contra.

Según Penagos, esta misma semana la Registraduría Nacional del Estado Civil dará un pronunciamiento definitivo.

“Tenemos alrededor de 30 demandas de nulidad simple ante el Consejo de Estado, seis de inconstitucionalidad en la Corte, más de 80 tutelas, y siete solicitudes específicas que nos piden aplicar la excepción de inconstitucionalidad para no convocar la consulta”, indicó el registrador.

Ante la polémica generada por la firma del decreto, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra los ministros que participaron en su expedición.

La investigación, a cargo de la Sala Disciplinaria de Instrucción debido al sistema de los funcionarios, buscará establecer si se incurrió en una extralimitación de funciones o desconocimiento del proceso legislativo.

El ente disciplinario también reiteró su intervención en dos procesos abiertos ante el Consejo de Estado que cuestionan la legalidad de la votación del Senado.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, pidió a todas las partes respetar la independencia del sistema judicial del país.

“No podemos permitir que nos salgamos de los carriles que señala la Constitución”, expresó el funcionario.

Además, hizo énfasis en que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional deben tener las garantías para deliberar sin presiones externas.

Postura del Gobierno Petro

El Gobierno argumentó que el trámite legislativo de la consulta estuvo marcado por supuestas irregularidades, entre ellas la no lectura previa de la ponencia antes de la votación.

Bajo la figura de la “excepción de inconstitucionalidad”, el mandatario decidió avanzar con la consulta, una medida que ha sido fuertemente cuestionada desde distintos sectores políticos y jurídicos por su impacto en el equilibrio de poderes.

Por ello, en medio de este panorama, la decisión que adopte la Registraduría será determinante para el futuro inmediato del proceso.

En caso de negarse a avanzar con la consulta, se abriría un nuevo desacuerdo político y jurídico entre las ramas del poder público.

Y si, por el contrario, da luz verde, se configuraría un hecho importante para el Gobierno de Gustavo Petro, quien ha impulsado fuertemente este mecanismo.