Nueva propuesta del MinSalud busca regular la eutanasia y el derecho a morir con dignidad

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó un proyecto de resolución que busca reglamentar de forma unificada el derecho fundamental a morir con dignidad.

Lo anterior, aborda específicamente las prácticas de eutanasia, los cuidados paliativos y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos (AET).

Dicha iniciativa, actualmente en fase de consulta pública, estará disponible para observaciones hasta el próximo 27 de junio.

¿Qué abarca este proyecto?

La propuesta tiene como objetivo sustituir las Resoluciones 825 de 2018 y 971 de 2021, consideradas insuficientes, y ofrecer una reglamentación más actualizada.

Su propósito es reafirmar los derechos de los pacientes mediante evaluaciones rigurosas, garantizando que este mecanismo respete plenamente su decisión.

De ser adoptada, esta normativa incorporaría las más recientes directrices de la Corte Constitucional, incluyendo disposiciones sobre consentimiento anticipado, procedimientos para pacientes menores de edad y con discapacidad, y una mayor claridad en la documentación y supervisión de los procesos.

Con las prácticas que aborda, esta estructura permite que la atención se adapte a la situación clínica y a los valores de cada paciente, priorizando su autonomía, concepción de dignidad y calidad de vida.

Uno de los puntos más destacados del proyecto es que la solicitud de eutanasia no requerirá que la persona esté en fase terminal.

Bastará con que exista una condición de salud extrema que cause sufrimiento físico o psíquico intenso, siempre que el paciente haya manifestado de manera clara y libre su deseo, incluso a través de un documento de voluntad anticipada o consentimiento sustituto.

Por ello, la resolución propone fortalecer el papel de los comités interdisciplinarios de eutanasia y los comités de ética hospitalaria, que tendrán la responsabilidad de analizar cada caso, evaluar la elegibilidad y evitar decisiones arbitrarias.

Además, todos los trámites deberán quedar documentados en la historia clínica del paciente, incluyendo las razones en caso de improcedencia del procedimiento.

El texto también establece plazos máximos para la valoración de solicitudes, que no deberán superar los 10 días, y propone mecanismos para la revisión de decisiones, buscando mayor eficiencia y garantías en el acceso.

De igual forma, en los casos en que las personas no puedan expresar directamente su deseo, se permitirá la intervención de representantes legales, siempre que se respeten los deseos previamente expresados por el paciente o, en su defecto, su interés superior.

Finalmente, bajo lo anterior, el Ministerio de Salud resaltó que el borrador del proyecto estará disponible para comentarios hasta el próximo viernes, 27 de junio del presente año.