Olmedo López y Sneyder Pinilla deberán pagar millonaria cifra por lío de carrotanques de La Guajira

La Contraloría decidió imputar responsabilidad fiscal y abrir nuevos procesos de investigación contra los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, por las graves irregularidades financieras halladas tanto en la compra de 80 carrotanques para La Guajira, como en la contratación del programa de alimentación conocido como “Hambre Cero”.

El organismo de control fiscal concluyó una investigación detallada sobre la adquisición de 80 vehículos que tenían la misión de llevar agua potable al departamento de La Guajira y encontró fallas que costaron miles de millones al país.

La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por una suma superior a los $22.000 millones debido a las irregularidades detectadas en dos negocios distintos realizados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El primer caso involucró la compra de 40 carrotanques a la empresa Impoamericana Roger S.A.S., donde se imputó responsabilidad por $9.573 millones. La entidad determinó que hubo dolo, es decir, intención de cometer la falta, pues se inflaron los precios de los vehículos en la cotización y se pagaron servicios que nunca se prestaron. Además, la investigación reveló que el dinero se entregó de manera anticipada, pero los camiones llegaron mucho después de lo pactado; debían estar listos el 23 de noviembre de 2023 y solo se recibieron hasta el 16 de enero de 2024.

Sin embargo, el ente de control tuvo en cuenta que, dentro del proceso penal que lleva la Fiscalía, se recuperaron $9.064 millones, mediante acuerdos con los implicados, dinero que se descontó de la deuda total en este caso específico.

El segundo bloque de la investigación se centró en otros 40 carrotanques adquiridos a través de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral, conocida como Yapurutú. En este negocio, la imputación ascendió a $12.579 millones. La Contraloría halló que la gestión fue ineficiente y costosa, pues se pagaron mantenimientos preventivos y correctivos que jamás se realizaron a los vehículos.

También se detectaron fallas graves en la planeación que resultaron en pagos excesivos para poner a funcionar los automotores. Por estos hechos, la Contraloría señaló como responsables fiscales a Olmedo López, quien fungía como director de la entidad, y a Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres.

A López se le atribuyó la falta a título de dolo en el primer caso y culpa grave en el segundo, mientras que a Pinilla también se le vinculó por su rol como supervisor de los contratos.Por otro lado, el organismo decidió archivar la investigación a favor del actual director de la entidad, Carlos Carrillo.

La razón de esta decisión radicó en que se comprobó que los vehículos, tras los problemas iniciales, entraron en funcionamiento y actualmente prestan el servicio de suministro de agua para el que fueron comprados.

La comida también salió costosa

Además del problema con el agua, la Contraloría puso la lupa sobre el programa “Hambre Cero” y encontró sobrecostos por más de $2.000 millones en contratos destinados a ollas comunitarias en La Guajira y Arauca. La entidad abrió dos procesos de responsabilidad fiscal al descubrir que se pagó más de lo debido y que faltaba información clave sobre quiénes recibieron realmente la comida.

En el caso de La Guajira, se revisó un contrato de $5.240 millones para alimentar a 700 personas en los municipios de Hatonuevo y Manaure. Allí se encontraron sobrecostos por $1.001 millones en las raciones de comida para las comunidades Wayúu.

Lo más llamativo para los investigadores fue que los contratistas no tenían experiencia, usaron códigos tributarios del sector educativo para vender comida y no contaban con soporte técnico. La situación en el departamento de Arauca presentó anomalías similares.

En un contrato diseñado para atender a 6.200 beneficiarios con una inversión de $9.200 millones se calcularon sobrecostos por $1.064 millones.La Contraloría advirtió que las empresas contratadas tenían patrimonios muy bajos, no aparecían inscritas en el registro mercantil obligatorio y su capacidad técnica no coincidía con la magnitud del trabajo que se les encargó.

Durante la revisión de los documentos, los auditores notaron que faltaban muchos soportes, como facturas y bases de datos claras de los beneficiarios, lo que dificultó el seguimiento del dinero público. Al igual que en el caso de los carrotanques, López y Pinilla fueron vinculados como presuntos responsables fiscales por estas nuevas irregularidades, que afectaron el patrimonio destinado a las poblaciones más vulnerables.