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Los municipios costeños de San Pedro de Urabá, Tierralta y Valencia fueron incluidos en el caso de Urabá de la JEP
Los habitantes de estas localidades fueron afectados por el conflicto armado colombiano.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, amplió el número de municipios priorizados en la investigación del Caso 04, que aborda la situación territorial de Urabá, en el norte del país.
Las localidades ya incluidas en el proceso son Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, de Antioquia, así como El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, del Chocó, y ahora se suman San Pedro de Urabá, Antioquia; Tierralta y Valencia, en Córdoba.
Esta decisión responde a nuevos hallazgos que han permitido establecer que estos municipios fueron escenario de graves crímenes y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, durante las últimas décadas, en el contexto del conflicto armado.
Según la JEP, estos crímenes vulneraron los derechos de las comunidades civiles, campesinas y étnicas, lo que afectó gravemente al territorio.
El Caso 04, que prioriza la situación del Urabá, se enfoca en las dinámicas de violencia que se vivieron en estas localidades, debido a su ubicación estratégica.
San Pedro de Urabá, Tierralta y Valencia son municipios que conectan el norte de Urabá con importantes corredores geográficos como la Serranía de Abibe y el Nudo del Paramillo.
Estos pasajes fueron disputados por diversos actores armados, incluidas las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia y otros actores ilegales que hacían presencia en el territorio y mantenían combates entre ellos y con la Fuerza Pública.
El control de estas regiones permitió a los actores armados ilegales ejercer control sobre las economías lícitas e ilícitas en la región, a través de la violencia.
Según la magistratura, la violencia en esos municipios también se relacionó con patrones criminales asociados al cambio en el uso del suelo y la tenencia de la tierra.
La JEP señaló que los actores armados en la zona perpetraron desplazamientos forzados y despojos masivos de tierras, factores que influyeron en la dinámica de la región y contribuyeron a la crisis humanitaria.
Para esclarecer estos hechos, la Sala ajustó su estrategia de investigación, tomando en cuenta los testimonios de víctimas, comunidades y comparecientes, así como información proporcionada por la justicia ordinaria y organizaciones de Derechos Humanos.
La decisión de incluir estos tres nuevos municipios también responde a las solicitudes hechas por las víctimas en 2022 y a las confesiones de los comparecientes en el proceso. La JEP también consideró declaraciones juramentadas y los informes entregados por organizaciones de víctimas, que detallan los crímenes ocurridos en la región.
El Caso 04 ahora se centrará en los antiguos integrantes de los Frentes 5 y 58 de las extintas AUC, estructuras paramilitares que operaron en la zona desde la década de 1970 y que desde 1988 se encargaron de combatir a los grupos narcotraficantes y a otros actores del conflicto armado.
La investigación también se profundizará en las acciones de la Columna Móvil Mario Vélez de las Farc, creada en 2002 para apoyar las operaciones de los frentes 5 y 58.
En cuanto a la Fuerza Pública, la JEP continuará analizando las acciones de violencia cometidas por miembros de la Brigada XI del Ejército Nacional, que operaban en los municipios de Tierralta y Valencia. En esos lugares, las Fuerzas Militares desplegaron la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, cuya intervención forma parte de la investigación.
Hasta la fecha, 172 miembros de la Fuerza Pública, 153 ex integrantes de las Farc y 9 civiles han sido vinculados al Caso 04, cuyas investigaciones han sido articuladas con otros casos relacionados con violaciones de Derechos Humanos en la región, como el Caso 01 sobre secuestros en Antioquia y el subcaso Costa Caribe del Caso 03.
