Corte Constitucional emitió fuerte pronunciamiento por crisis de agua en La Guajira: “no hay una política pública”

La Corte Constitucional dio a conocer que el país no cuenta con una política pública que permita responder a la problemática presentada en el departamento de La Guajira conforme al acceso de agua potable para la niñez.

A través de un comunicado, el alto tribunal enfatizó en las múltiples dificultades que pudieron ser constatadas para atender la demanda de agua en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia, Maicao y La Guajira.

“Para la Sala, esta falencia no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que representa un incumplimiento flagrante de lo dispuesto por la Corte Constitucional“, reza el texto compartido en las últimas horas.

Uno de los elementos que también fue analizado por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 se encuentra relacionado con la respuesta entregada por instituciones tanto locales como regionales que responden y poseen competencias para dar respuesta a la ciudadanía.

“La Sala advirtió que la información carecía de unidad, uniformidad, secuencialidad y precisión, siendo insuficiente para reportar resultados en relación con la disponibilidad, accesibilidad y calidad del derecho al agua protegido a la niñez Wayuu“, afirmó la Corte Constitucional.

De igual forma, se hizo énfasis en que las medidas no han tenido impacto en el goce efectivo de los derechos, por parte de los afectados, con el agravante de que se tratarían de acciones urgentes a corto plazo dentro del Plan Provisional de Acción.

Situaciones detectadas por el Tribunal

La Corte Constitucional evidenció la presencia de cinco bloqueos institucionales que inciden en la forma en que se vulneran los derechos de la población de La Guajira, en cuanto al acceso al agua potable.

Una de las situaciones identificadas fue la debilidad en el diseño de acciones para recolectar información que permita estructurar soluciones a la crisis. De igual forma, en el análisis se hace referencia a la desarticulación de carácter institucional que existe para atender esta problemática.

“Se dispuso que las entidades que componen el Comité Técnico de Agua del Messep, alleguen el inventario de infraestructura en materia de agua y se dispongan medidas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua en el corto plazo, sobre las cuales se deben acreditar avances trimestrales", mencionó el texto.

Para la Sala también ha sido importante que se pueda estudiar la relación que podría existir entre la escasez de agua y las actividades mineras.

“La Sala dispuso que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República hagan una verificación territorial de las acciones que informen las entidades obligadas e invitó a las organizaciones de la sociedad civil a allegar sus verificaciones, observaciones y sugerencias en torno de las acciones que se reporten”, sostuvo.