JEP avala como víctimas a familiares de trece personas asesinadas en masacre de Riofrío, Valle del Cauca

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció como víctimas a los familiares de trece personas asesinadas el 5 de octubre de 1993 en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca. La masacre, ocurrida hace más de tres décadas, ha sido señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un hecho en el que participaron de forma coordinada miembros del Ejército y grupos paramilitares.

De acuerdo con los expedientes revisados por el tribunal, las víctimas, hombres y mujeres de distintas edades, fueron ejecutadas y luego presentadas como supuestos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este reporte militar buscó encubrir lo sucedido, encajando en el patrón de los denominados “falsos positivos” documentados en varias regiones del país.

La acreditación se dio en el marco del Caso 03, que investiga homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado. Con este paso, los familiares obtienen el derecho a participar en las diligencias judiciales, aportar información y solicitar medidas de reparación en el proceso.

Según la CIDH, el Estado colombiano fue responsable de la violación del derecho a la vida de las trece víctimas y de los daños ocasionados a sus allegados. El organismo internacional concluyó que estos hechos constituyeron una vulneración del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y evidenciaron coordinación entre fuerzas militares y estructuras armadas ilegales.

La decisión de la JEP también responde a la solicitud directa de los familiares, quienes durante años han reclamado un reconocimiento oficial que les permita acceder a la verdad y a mecanismos de justicia. Este reconocimiento forma parte de los esfuerzos del tribunal por garantizar la centralidad de las víctimas en el proceso de justicia transicional.

En su pronunciamiento, la Sala de Reconocimiento de Verdad insistió en la necesidad de esclarecer plenamente lo sucedido en Riofrío, así como en otros casos registrados en el Valle del Cauca, para garantizar que este tipo de hechos no se repitan. El tribunal recordó que la reconstrucción de la memoria histórica y la reparación a las víctimas son pilares para avanzar en los procesos judiciales que actualmente se adelantan.

La JEP mantiene abierta la investigación sobre la masacre de 1993, que continúa siendo uno de los episodios más graves documentados en esa región durante el conflicto armado interno, y que ahora cuenta con la participación formal de los familiares en la búsqueda de la verdad judicial.

El caso sigue en etapa de contrastación de pruebas, análisis de testimonios y revisión de archivos militares y judiciales de la época. Estas diligencias buscan establecer con precisión las responsabilidades individuales y las estructuras que permitieron la comisión de los hechos, así como identificar a todos los actores involucrados en su planeación y ejecución.